Gerencia pública, una aproximación al tema

Hola. Lo que sigue es un breve ensayo sobre la gerencia pública. Nada exhaustivo realmente, tan sólo una primera aproximación al tema. Sin embargo me parece que entramos por buen camino y que lo dicho se sostiene. Ya lo iremos ampliando con el tiempo si hace falta.

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Gerencia Pública, una aproximación al tema

Ricardo Uvalle nos presenta la práctica de la gerencia pública, como parte de una tendencia general en favor del mercado, que se esparció de los llamados países “desarrollados” hacia el resto del mundo en la década de los setenta. La idea de fondo, como comenta el propio Uvalle, era reformar al Estado para insertarse en la dinámica de la competencia económica, la cual desde su perspectiva (al menos en esta la lectura) se basa en crear incrementos en la eficiencia y en la productividad económica; dos cualidades “consustanciales” al libre mercado, a decir del autor.

Los hechos siempre han demostrado que el libre mercado, además de ineficiente, atenta contra la vida y la dignidad de las personas (las clases trabajadoras), en aras de la productividad. Por eso luego de siglos de luchas sociales y debates enconados, llegamos al siglo XX con la idea de un Estado (liberal-capitalista) obligado a proteger ciertos derechos individuales, que incluso trascendieron el ámbito laboral. Pero no sólo eso. Después de los años de las guerras entre imperios, en la primera mitad del siglo XX, los países capitalistas adoptaron (en su mayoría), en términos generales, toda una serie de políticas económicas que incluían: 1) el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica para poder comerciar internacionalmente; 2) el suministro progresivo por parte del Estado, de una gran variedad de bienes y servicios (públicos) que el sector privado se negaba o no era capaz de proporcionar; y 3) el fomento del empleo para estimular la demanda que hiciera crecer a la economía.1

Por al menos dos décadas, muchas naciones adoptaron las políticas de este consenso beneficiándose de las asimetrías económicas entre naciones. Del lado de los países considerados “desarrollados”, las políticas generaron crecimiento económico, ahorro y bienestar (entendido como la satisfacción de necesidades básicas acompañada de seguridad social). Pero del lado de los países mal llamados “en desarrollo”, la carencia de tecnología, mano de obra calificada, y sobre todo de capitales, devino en políticas de crecimiento “hacia adentro” fuertemente protegidas, poco competitivas a nivel internacional, y fundamentalmente dependientes de capitales extranjeros. Tal era la esencia del modelo de desarrollo vigente. Por eso en la década de los años setenta, el escenario entre los Estados liberales y capitalistas era de acumulación por un lado, y de deuda por otro.2

Con el alza de los precios del petróleo en los años setenta, empresas, mercados e industrias entraron en crisis, en casi todo el mundo. Para recuperar los niveles de producción y acumulación acostumbrados, había que reducir los costes. Por ello cobraron enorme relevancia las tesis y los teóricos de la economía neoclásica, que pugnaban por aumentos de la productividad y la eficiencia, pero también por la reducción de impuestos y la eliminación de regulaciones y trabas burocráticas.

Acompañando a la crisis económica en América Latina, se sucedió una segunda oleada de movimientos sociales (reivindicatorios) y revolucionarios, tanto reformistas como marxistas (incluyendo movimientos armados, algunos presuntamente financiados por países comunistas). Como hablamos de un periodo marcado por la guerra fría, es lógico pensar, como apuntan muchos relatos, que los estados alineados con los imperios capitalistas respondieran cancelando las vías de la representación política, descalificando las protestas, violentando los movimientos e incurriendo en la confrontación armada. Y para conservar su legitimidad, esos mismos gobiernos se volvieron (¿más?) populistas: adoptaron discursos de unificación nacional, por encima de toda división de clases, al tiempo en que financiaron grandes campañas asistenciales en los rincones más pobres y marginados de sus países.3

Es en este contexto en donde se construye (y se difunde) la idea de un Estado mínimo, en oposición a los Estados que tenían gran presencia en la economía, y contra los regímenes populistas sumamente cuestionados, endeudados, y poco exitosos en sus campañas contra la marginación y la pobreza. Retomando a Uvalle, cuando estos modelos caracterizados por una elevada inflación, deudas públicas exorbitantes, formas de representación corporativa y escasa legitimidad entran en crisis, no sólo se cuestionan los métodos de intervención del Estado (en la económica y en la vida social), sino los fundamentos de dicha intervención (cuestionando su pertinencia y su legitimidad). Entonces aparece o cobra sentido la idea del “despertar de la sociedad civil”, que alude a una sociedad con plenas capacidades para auto-organizarse, completamente al margen de las instituciones públicas (tanto en lo político como en lo económico); y aparece o cobra sentido la idea del “pluralismo democrático”, que sobrepone las diferencias o conflictos entre “grupos” a lo que antes se entendía como intereses y conflictos de clase. En este sentido, destacan las luchas por los “derechos humanos”, pero también el deseo de una interlocución directa de “los grupos” con el gobierno, con quienes toman las decisiones clave, sin pasar por intermediarios ni mediaciones burocráticas. Además, se apela a la interpretación de los problemas sociales como conflictos entre particulares, en un intento por desmarcarse de visiones ideológicas como la lucha de clases del marxismo, pues como Uvalle suscribe, se interpreta que estas “lastiman la condición humana”, entendida en términos liberales (libertades y derechos individuales).

La gerencia pública, parafraseando a Ricardo Uvalle, queda entonces como una práctica profesional militante que busca reformar al Estado, para adaptarlo a su visión ideológica mercantilista y pluralista. Términos como racionalizar, mejorar la eficiencia y la productividad, negociar y crear consensos (“democráticos”), se vuelven parte de su filosofía para el rediseño de las instituciones, a fin de lograr los objetivos de competitividad económica y mayor cooperación social.

En este mismo orden de ideas, se asume que es mejor “buscar problemas” en lugar de esperar a que estos “lleguen” a la “ventanilla” de la burocracia (aunque construir un problema desde la burocracia es un problema); se da mayor relevancia a las estrategias de acción política ante lo contingente (en el corto plazo), desdeñando así los planes generales o de largo aliento que marcaron al modelo anterior (proyectos para el largo plazo inspirados en la planificación económica de los países comunistas); y se procura la generación de un conocimiento especializado sobre los procesos de las políticas públicas, así como de sus resultados. A esto le denomina Uvalle “mejoramiento de las capacidades gerenciales del Estado”.

A decir de Omar Guerrero, hay un claro distanciamiento entre los presupuestos más básicos de la economía política “tradicional” (la de mediados del siglo XX), y los presupuestos de la economía neoclásica. Ello deviene en una apreciación de la sociedad contemporánea en términos pluralistas y mercantilistas. Por tal motivo, si el Estado debe dar paso a una sociedad de este tipo, entonces es lógico que transfiera al ámbito privado aquellas de sus actividades relacionadas con la producción (“exoprivatización”), así como buena parte de sus actividades administrativas (“endoprivatización”), para crear un mercado de prestadores privados de bienes y servicios públicos, al igual que un mercado de “maquiladores” privados de insumos y productos públicos, todo con tal de alentar el surgimiento de mercados competitivos de empresas que generen riqueza, puestos de trabajo, innovaciones, etc.4

Uno de los rasgos más sintomáticos del capitalismo, tal como lo entiendo ahora, es que precisa de nuevos mercados para continuar reproduciéndose. De otro modo se estanca en alguna de sus recurrentes crisis. Es por este motivo que la desregulación y la privatización cobran sentido en la historia. Lo mismo la gerencia pública. Otros conceptos que lo denotan, siguiendo a Omar Guerrero, son por ejemplo:

  1. El mercado, entendido como el modo más eficiente para satisfacer necesidades y asignar recursos de todo tipo (presupuesto que como dijimos, es absolutamente falso);
  2. La competencia, que presuntamente genera diversos impactos positivos como innovaciones tecnológicas, aumentos de la productividad, reducción de costes, etc. (nada que no hayan generado también visionarios, sólo por el gusto de crear algo propio u original);
  3. La orientación al cliente, o al votante o pagador de impuestos, cuyas expectativas se supone que hay que satisfacer (en clara alusión a la idea del consumidor soberano tomada de Ludwing von Mises);
  4. El enfoque empresarial-gerencial, o public managment, que aduce que para generar resultados no sólo se requiere autoridad, sino también liderazgo, visión empresarial, relaciones públicas, y cierto grado de discrecionalidad;
  5. La orientación hacia objetivos, porque se necesitan metas claras que mejoren la productividad, a partir de la estandarización de procesos (fordismo), y la medición del rendimiento de los funcionarios (taylorismo); y
  6. La agenciación, que se toma como la desagregación o la desincorporación del burócrata de la administración central (autonomía institucional), para que sea capaz de regular imparcialmente un mercado (aunque la tendencia apunte hacia la captura de la agencia reguladora por parte de los agentes “regulados”).

Las políticas que emanaron del cuerpo de estas teorías, impuestas en los países “desarrollados” por la vía de la demagogia, y en el “tercer mundo” como condición para seguir recibiendo capitales extranjeros, hoy se contemplan como una mezcla de claroscuros. Sin embargo, para autores como Joseph Stiglitz, las políticas del llamado “Consenso de Washington” (que aquí se nos impusieron como condición para recibir préstamos por parte del Departamento del Tesoro de los Estado Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional), además de generar un crecimiento muy menor, dejaron expuestos a nuestros países a la volatilidad de los mercados internacionales de capitales, presente desde los noventa (volatilidad que hoy amenaza a todo el sistema capitalista en su conjunto). Por esta clase de fallos, se argumentó que hacía falta implementar políticas adicionales, “estructurales” o de “segunda generación”. Sin embargo, en palabras de Stiglitz, esas “soluciones” suponen la continuación de la misma mentalidad que les dio origen; esa que considera al Estado como el problema, y al mercado como la solución.5

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1  Galbraith, John Kennet. “La embestida conservadora”, en Revista Mexicana de la Comunicación, México, Vol. 43, Número extraordinario (1981), pp. 1781-1796.

2  Esthela Gutiérrez Garza y Édgar González Gaudiano. “De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable”, UANL, Siglo XXI, México, 2012.

3  Mario Magallón Anaya. La democracia en América Latina, UNAM, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos (CCyDEL), Plaza y Valdés, México, 2003.

4  Omar Guerrero. “La nueva gerencia pública”, Fontarama, México, 2004, pp. 53-69.

5  Stiglitz, Joseph. El consenso post-consenso de Washington. The Iniciative for Policy Dialogue. Agosto 2005. pp. 10   

Carl Schmitt. El concepto de lo político

A propósito de esas discusiones bizantinas que luego se dan tanto en la vida real como en espacios virtuales, dejo por aquí una breve síntesis de lo dicho por Carl Schmitt, un teórico del realismo político que sacude paradigmas. Saludos

Lo político es lo decisivo

Contrario a la idea kantiana del Estado como realización de lo político, en donde la imposición de una norma hace posible la civilización, el jurista Carl Schmitt propuso que esta opinión sobre lo político no podía explicar la norma, pues ella guardaba una relación más estrecha con la voluntad de oponerse a una amenaza. De ser así, el verdadero facto soberano vendría a ser lo decisivo, que podría localizarse a partir del criterio amigo-enemigo. Con esta reflexión construye una nueva interpretación de lo político.

En la lógica de Schmitt, los hombres nos agrupamos ante la posibilidad de confrontarnos a muerte, en respuesta a un conflicto que escala en intensidad. Por tal motivo, cuando se trata de lo político uno no puede eludirse; tiene que decidirse. Y esta decisión configura una unidad política, con una identidad propia y quizá también con un proyecto colectivo.

Si la política no reside en la lucha, sino en una serie de comportamientos determinados por esa posibilidad, entonces la naturaleza objetiva y la autonomía intrínseca de lo político reside fundamentalmente en las unidades políticas, que de hecho exigen a sus miembros dar la vida por ellas. Esto nos lleva a concluir que para Schmitt los verdaderos sujetos de la política son los pueblos, no los individuos, y que la política comprende tanto la defensa de la propia unidad política como el rechazo del enemigo público, aunque también puede acabar en un deseo de aniquilarlo si éste se empeña en negarnos la posibilidad de existir.

Lo político deviene entonces en una decisión constitutiva, pero la unidad política que así se configura no permanece inmutable. Puede cambiar, puede disolverse, o puede dividirse. Los amigos o enemigos en el ámbito privado, no tienen por qué serlo en el espacio público. Pero si surge un conflicto y crece en intensidad, alguna de las partes puede llegar a convertirse en un antagonista público, en un enemigo del grupo. De acuerdo con Schmitt, los conflictos al interior del Estado se abordan en el horizonte de las consecuencias que pueden tener sobre la unidad del grupo, o sobre su capacidad para defenderse o hacer la guerra.

Schmitt se define a sí mismo como conservador, católico y anticomunista, pero también antiliberal. Para él, la cultura burguesa y el ideal de un orden civilizatorio reducen lo político, ya que le permiten al hedonista vivir sin decidirse ni asumir compromisos sobre lo fundamental. Por esta razón el liberalismo es antipolítico, deviene en la disolución de la unidad política, y promueve un nihilismo que va en contra de nuestra naturaleza guerrera. Si esto es correcto, la paz es imposible.

Ideas políticas de Maquiavelo

Ya que este breve ensayo sobre Maquiavelo se ha vuelto una de las entradas más visitadas del blog, me he sentido obligado a revisarlo y ampliarlo. Si pasaste por aquí antes, espero que los cambios te dejen satisfecho. Si no, comunícame tus críticas o comentarios para seguir enriqueciendo el texto. Saludos.

Bocetos de una teoría política moderna

Europa entró al siglo XV marcada por dos sucesos naturales imprevisibles: la llegada de la Pequeña edad de hielo, un cambio climático que devino en hambrunas y guerras; y el brote de la Peste negra, una epidemia mortal que diezmó pueblos enteros. Ambos sucesos se dieron en el contexto de la Guerra de los cien cños entre Francia e Inglaterra, la guerra de “Reconquista” de los reinos cristianos contra los musulmanes en la Península Ibérica, y el surgimiento del Imperio Otomano, que se expandía por los balcanes a costa del Imperio cristiano de Bizancio.

El entorno geopolítico favorecía entonces a Italia. Sus reinos prosperaban con el auge del comercio, y sus ciudades adquirían cada vez más independencia política frente al papado, que veía su influencia mermada tanto por los excesos de sus dirigentes como por la incapacidad general de la iglesia católica para remediar la peste y otros males. No obstante, las pugnas entre nobles tradicionales y nuevos burgueses amenzaban reiteradamente el orden y la seguridad de la ciudad. Así fue como el problema de su continuidad y su prosperidad adquirió para muchos no sólo actualidad, sino fundamentalmente relevancia.

Alegoría de la Fortuna o la Calumnia de Lorenzo Leonbruno

En opinión del historiador J.G.A. Pocock, el “momento maquiaveliano”, ese tiempo que dio forma al pensamiento de Maquiavelo, y que a su vez constituyó la suma de sus inquietudes y preocupaciones, puede entenderse como el fruto de un humanismo renacentista cuya prioridad es lo contingente, no lo trascendente; el “momento maquiaveliano” es un rescate de las virtudes cívicas de los romanos, con su ideal republicano, para una nueva época llena de oportunidades.

Maquiavelo por lo tanto es el teórico político del “hombre sin amo”, del nuevo burgués; de aquél grupo de individuos que por sus responsabilidades y ambiciones ya no pueden ser buenos, en el sentido cristiano del término. Lo que llaman en su tiempo corrupción e inmoralidad, Maquiavelo lo define simplemente como “astucia”, que es el uso oportuno de toda clase de medidas para preservar o cambiar un “estado de cosas”.

Con la expresión “estado de cosas”, el florentino hace referencia a una forma de gobierno, monarquía o república, sin hablar sólo del gobierno. Su noción del Estado describe lo que permanece: un orden, un territorio, y un grupo de gente con una forma particular de pensamiento, cristianos o no. A decir de Hannah Arendt, el Estado en Maquiavelo es una comunidad política, y ella afirma su identidad en oposición a los extranjeros. Tanto la iglesia católica como el resto de los reinos cristianos son ahora extranjeros.

Las dos obras más importantes que escribió Maquiavelo tienen distintos propósitos. El Príncipe, por ejemplo, está dedicado al fundador de un nuevo “estado de cosas”, que puede ser príncipe por obra de su astucia, su virtud y su fuerza. Los Discursos sobre la primera década de Tito Livio se dirigen en cambio a quien gobierna un Estado ya consolidado.

Ya hablamos antes de la astucia, de modo que hablaré ahora de la virtud de todo príncipe, que se resume en una sola: inspirar temor. De acuerdo con Maquiavelo, inspirar temor depende casi por completo de uno mismo, y es necesario porque la bondad de los hombres es hija del temor y no del amor. En otras palabras, los hombres, egoístas y perversos por naturaleza, son virtuosos por el temor que les inspira volver a un estado de tiranía. Esta filosofía es semejante a la de Aristóteles y a la de Thomas Hobbes, aunque Maquiavelo apenas la desarrolla, pues su prioridad no es la virtud sino la fuerza, que consiste en la concentración de todo el poder político para su causa, el ideal republicano.

Si miramos de nuevo el “momento maquiavélico”, veremos que el orden tradicional medieval era un lastre para el comercio, con su prohibición de la usura y su condena de todo contacto con el mundo musulmán. Veremos también que el mismo auge del comercio demandaba rutas seguras y libertades comerciales. Muchos monarcas europeos se habían aprovechado de la situación para imponerse sobre feudatarios y corporaciones gremiales y clericales, reclamando sus ejércitos y dando nuevas leyes. Así se iba configurando un nuevo orden más autocrático y expansionista entre los reinos cristianos.

Como diplomático, Maquiavelo estaba al tanto de todos estos cambios. En sus escritos destacan el juicio claro de las posiciones y los recursos de sus adversarios, así como un sentido de la previsión orientado a la concentración del poder político, considerando siempre los alcances y los riesgos de determinadas decisiones. Pero su redacción exagera muchas veces la importancia del poder político como un fin en sí mismo, al igual que el uso de medios considerados inmorales.

Desde la perspectiva del florentino, el auge y la decadencia de un Estado depende de conservar y aumentar el poder político para preservarlo a través del tiempo, por lo que el uso de medios injustos o crueles se encontra justificado. Ya que el gobierno responde a la debilidad e insuficiencia las personas, haciéndose cargo de su seguridad y sus necesidades cotidianas, fortalecerlo requiere de la promoción de virtudes cívicas y morales con leyes justas, o de otro modo la corrupción de esas virtudes será el inicio de su decadencia. El cristianismo para Maquiavelo era una forma de decadencia, aunque no se permite expresarlo abiertamente por temor a la iglesia católica.

A falta de un orden sistemático y coherente, las ideas de Maquiavelo no se consideran filosofía política en un sentido estricto, sino bocetos de una pionera teoría política moderna, que adelanta con éxito la emergencia de los nacionalismos, del absolutismo, del secularismo y de la llamada “razón de estado” para justificar la autoridad suprema de un “poder soberano”, figura común del pensamiento político en lo subsecuente.

Bibliografía

Sabine, H. George. Historia de la teoría política. FCE, México, Cap. XVII.

Strauss, Leo y Cropsey, Joseph. Historia de la filosofía política. FCE, México, 2006.

Arendt, Hannah. Una bitácora para leer a Maquiavelo. Revista Metapolítica, No. 23. México, Mayo-Junio 2002.

J.G.A. Pocock. El momento maquiaveliano. Revista Metapolítica, No. 23. México, Mayo-Junio 2002.

La embestida conservadora (neoliberal), según J. K. Galbraith

Hoy comparto con ustedes la síntesis de un artículo muy bueno de John Kenneth Galbraith, titulado La embestida conservadora, y publicado hace 30 años en la Revista Mexicana de Sociología. Se trata de la opinión de un economista bastante competente sobre la génesis del neoliberalismo. Al final dejo el vínculo para que puedan consultarlo por su cuenta. Saludos.

Génesis del neoliberalismo

Las economías de los mayores países industrializados después de la Segunda Guerra Mundial, a decir de John Kenneth Galbraith, se sustentaban en buena medida en tres propuestas de política económica:

  1. El mantenimiento de la estabilidad macroeconómica
  2. El suministro por parte del Estado de una gran variedad de bienes y servicios públicos que el sector privado no proporcionaba a las masas, y…
  3. La aplicación de medidas gubernamentales para proteger o favorecer a las personas ante circunstancias contra las que no pueden luchar en su carácter de individuos.

Todas estas medidas gozaban de un amplio consenso a nivel internacional, especialmente entre aquellas personas con menores ingresos. Pero la situación cambió radicalmente durante los años setenta, cuando una nueva crisis económica fue aprovechada por algunos para cuestionar tanto al modelo como a los principios que le daban soporte. El resultado fue un giro completo dentro de la política económica de los países del consenso; un cambio que fue más allá de las opiniones y que tuvo su impacto también en los valores y en la filosofía de las personas de este nuevo siglo.

Esta embestida conservadora como la llama Galbraith (y que hoy conocemos como neoliberal), consistió básicamente en la crítica y la calumnia del modelo antes descrito, bajo tres clases de ataques: los simplistas o puramente retóricos; los románticos, caracterizados por una visión idealista y utópica del mercado; y los más serios o reales, que ponían en duda su capacidad para afrontar una nueva realidad económica donde la inflación y el desempleo se consideran apremiantes.

Ataques simplistas

Dentro del primer grupo de ataques aún pueden escucharse cosas como que el Estado, o más concretamente la burocracia, no es más que un parásito social. Se dice de igual modo que su existencia es innecesaria, o cuando menos mínimamente deseable, pues además de restringir la libertad de las personas, usualmente creaba relaciones de dependencia (clientelismo) con el diseño de políticas asistenciales excesivamente costosas.

Esta clase de acusaciones ignoran el hecho de que donde hay organización hay burocracia, división del trabajo, establecimiento de reglas, procedimientos, responsabilidades. Sucede en todas partes, no sólo en la administración pública, y el problema del uso eficiente de los recursos aumenta en la medida en que la organización se hace más grande. Le pasa al Estado, como le pasa también a las grandes corporaciones multinacionales. Sin embargo, estas últimas incurren con mayor frecuencia en toda clase de ineficiencias (muchas de ellas con terribles consecuencias para las personas y el medio ambiente), ya que están menos sujetas al escrutinio del público.

Por otro lado, aunque los impuestos y otras reglamentaciones suelen limitar la libertad de algunos para gastar su propio dinero, de igual modo contribuyen a aumentar la libertad de quienes los reciben en forma de ayudas, servicios, prestaciones, etc. Aunque se creen relaciones de dependencia en el proceso, la idea fundamental no es mala; siempre pueden diseñarse mejores políticas sociales. Lo importante en todo caso es superar el paradigma del asistencialismo, cambiarlo por un enfoque distributivo donde el gasto sea eficiente, y por lo tanto mínimo.

Ataques románticos

En el segundo grupo de ataques contra el consenso antes descrito, se encuentran aquellos argumentos que Galbraith tilda de románticos, pues suelen recurrir a los principios ideológicos del liberalismo y de la economía clásica. Según ésto, “toda decisión económica posible debe dejarse al mercado”, ya que “un mercado libre y competitivo es perfectamente capaz de crear soluciones competentes para las necesidades humanas”. Pero como ello no ha ocurrido supuestamente por la intervención del Estado, el mercado se ha visto perjudicado de dos maneras: por la reducción del sector mercantil, y por el exceso de regulaciones innecesarias que atentan contra la productividad.

Así, los apologistas del mercado idílico, con sus románticas elucubraciones, dolosamente omiten el hecho de que la mayor fuerza histórica en contra del mercado libre son las grandes corporaciones monopólicas modernas (multinacionales); aquellas que aprovechan su presencia en los mercados para coludirse y fijar precios, para crear escasez, para influir (con su propaganda) en los gustos de los consumidores, y para inhibir u obstaculizar toda forma de competencia.

De acuerdo con Galbraith, aquellos que ensalzan las bondades del mercado libre, además de oponerse a las regulaciones estatales (pensadas en buena medida para corregir los propios fallos del mercado), del mismo modo rechazan cualquier propuesta de planificación económica. Quizá no logran ver las ventajas que da el “diseño” (en ciertos contextos), frente a la mejora por “evolución” (con sus fallos, su riesgo y su incertidumbre) que se da en las economías de mercado. De cualquier modo, y a sabiendas de que la única política económica posible tal vez sea la más pragmática, aún hay quienes incurren en descalificaciones a priori, y no tanto por dogmas, sino quizá porque así buscan conservar los privilegios que ahora tienen; privilegios derivados tanto de la acumulación como de la especulación sin límites.

Ataques reales

Los ataques más serios contra las políticas del consenso, a decir de Galbraith, son aquellos que cuestionan la eficiencia del gasto público, la calidad y la cobertura de los bienes y servicios públicos, la utilidad y la pertinencia de dar esos bienes y servicios públicos, así como la capacidad de todas las políticas del consenso para solucionar en conjunto (como modelo), otros problemas económicos como la inflación, el desempleo, o la distribución inequitativa del ingreso.

Es verdad que nada disculpa un mal desempeño de los organismos públicos. Pero un gasto ineficiente, o una mala planeación, no tiene por qué verse como un fracaso de la política. Antes bien debe buscarse alguna forma de medir su impacto, algún método para evaluar el uso racional de los recursos con que se cuenta, sin reducir por ello la cobertura de los programas, y manteniendo un nivel de calidad aceptable. Toda política es por supuesto perfectible, y los defensores del consenso deberían interesarse más por la calidad de la administración pública. Privatizar es quizá lo último que debería considerarse (pues como se ha dicho, la burocracia privada puede ser igual o peor de ineficiente, además de que suele ser más opaca e irresponsable).

De cualquier manera, el verdadero éxito de esta embestida (neo) conservadora debe ubicarse en otro rubro, a saber: en la aparente incapacidad del sistema para combatir la inflación y el desempleo. La hipótesis de Galbraith es que las grandes corporaciones monopólicas modernas, al acaparar grandes porciones del mercado, ciertamente han logrado controlar los precios, o por lo menos han podido ejercer una fuerte presión al alza. El resultado ha sido entonces un aumento generalizado de los precios (inflación), así como un incremento en el volumen de gastos gubernamentales. Y a raíz del descontento provocado por el aumento en el costo del nivel de vida, la solución (neo) conservadora, sus políticas anti-inflación, se han vuelto populares, en particular porque no llaman a subir impuestos.

Pero el conjunto de soluciones (neo) conservadoras al que se alude, aquél que demanda entre otras cosas una reducción significativa del gasto público (por la vía de la privatización), así como un férreo control en el suministro del dinero (mediante una política monetaria ambigua con resultados altamente aleatorios), realmente no contribuye de manera importante a combatir la inflación. Por el contrario, estas políticas (neo) conservadoras no son más que un paliativo, pues en lugar de generar condiciones de competencia, lo que sucede es que atentan contra la productividad de las empresas (susceptibles a los monopolios), crean desempleo, aumentan la pobreza e inhiben el consumo, pues los salarios disminuyen y la demanda y el crédito se pierden.

En opinión de Galbraith, lo que los defensores del consenso necesitan es un esfuerzo vigoroso para mantenerlo al día con los cambios que lo volvieron vulnerable. Se requiere por lo tanto una mejor administración pública. Aunque también es necesario aceptar la lógica del poder que ostentan las grandes corporaciones monopólicas modernas. Y una buena forma de contrarrestar su influencia perniciosa puede ser:

  1. Aumentando los impuestos indirectos.
  2. Subiendo también los impuestos a los artículos de lujo,
  3. Subiendo los impuestos sobre los ingresos no devengados
  4. Instituyendo impuestos sobre herencias
  5. Y todo ello sin descuidar que el cobro se haga de manera proporcional.

Bibliografía: Galbraith, John Kennet, La embestida conservadora, en Revista Mexicana de la Comunicación. Vol. 43, Número extraordinario (1981), pp. 1781-1796. Versión electrónica.

Participación política

Qué tal. Espero que estén disfrutando estas fiestas de diciembre. Ya seguro están pensando también en sus propósitos para 2011. ¡Ánimo! Una de mis metas para este año es publicar más seguido contenidos para el blog, así que de momento les dejo un breve ensayo para que lo lean y lo critiquen. Reciban de igual modo mis mejores deseos. Abrazos y saludos.

Individuos vs Grupos

¿Es la participación política un asunto de individuos, o hablamos de grupos, asociaciones, organizaciones, partidos?

Dos formas de representación política convergen en un mismo concepto: el ejercicio voluntario de individuos con plena conciencia de sus acciones, y la movilización de personas en torno a una causa que les es parcial o totalmente (des)conocida, e incluso parcial o totalmente ajena.

Ambas realidades se funden con la idea de concretar una serie de objetivos similares: participar de los asuntos públicos, tomar parte en los procesos políticos, influir en quienes ostentan los poder públicos, desplazar o reemplazar a esas personas, y en última instancia, cambiar el status quo, es decir, el Estado y las relaciones que guarda con la sociedad.

La diferencia entre los sujetos de la participación y la movilización política, según Gianfranco Pasquino, tiene mucho que ver con el nivel socio-económico de las personas, aunque toca también los fundamentos de su identidad personal, política y cultural. Si nos referimos al estatus de estas personas, entonces podemos hablar de clases sociales, de roles y funciones sociales, de aspiraciones y recursos diferentes; de situaciones y condiciones distintas de participación y movilización (participación diferenciada y estratificación).

Lo usual entre los teóricos es atribuir la participación política a los individuos con mayores recursos (aquellos que disponen de los medios suficientes para hacerse notar). Del mismo modo, es común que se le asigne a las personas con menor estatus la condición de “movilizados”, aunque la frontera entre las clases suele ser, a primera vista, tan ambigua como la diferencia entre participación y movilización política.

Un modo de acotar la incertidumbre entre dichas categorías es aquél que distingue entre participación y movilización de acuerdo con sus formas de expresión, sean estas legales o extralegales. En este sentido, lo usual ha sido considerar el voto, el derecho de petición, el derecho de audiencia, el derecho de réplica, la militancia política y la protesta individual como modos o tipos de participación política, autónoma y relativamente espontánea. Por otro lado, se ha considerado que la movilización es un acto extrínseco (o heterónomo) cuya manifestación se da en concentraciones masivas, ya sea en mítines, marchas, plantones, o cualquier otro acto de protesta en masa.

También hay quienes dicen, tal vez con cierta ligereza, que para que haya una movilización se necesita un líder político, un individuo que dé voz a las demandas de los ciudadanos; un catalizador que organice el consenso, el apoyo, el disenso o la disidencia. Quizá sea así. De cualquier modo, detrás de cada movilización se crean e instituyen organizaciones políticas, legales o extralegales, que asumen la instrumentación de las decisiones del líder político. O puede ser que suceda lo contrario, que aparezcan organizaciones con programas contrarios a las demandas de la movilización. Después de todo, la militancia en cualquier organización política puede verse de igual modo como un instrumento para modificar las propias oportunidades de vida.

Además, en esas organizaciones pueden participar (voluntariamente) personas de diversas clases sociales, con distintas aspiraciones y distintos objetivos, ya sea con el fin de intervenir activamente, o bien por el deseo de sentirse parte del movimiento. Por eso el problema de la representación política (¿organizaciones o individuos?) queda sin resolverse del todo. La conclusió más obvia es que compete a las dos partes, individuos y grupos, tanto la movilización como la participación. Pero, ¿es así?

Un forma diferente de abordar este problema es la propuesta por revisionistas como Alain Touraine. Porque a su modo de ver, la idea de que las movilizaciones no son sino procesos históricos, encuentra sus raíces en la clásica tesis de la lucha de clases propuesta por Marx.

Para Touraine, las clases oprimidas por el capitalismo se revelan, adquieren conciencia de su situación (empezando por la clase) y se organizan, crean movimientos de carácter histórico, y juntas se confrontan legal o extra-legalmente (muchas veces de manera violenta) con las clases superiores, en defensa de sus derechos y su dignidad. Las clases movilizadas requieren de la organización, pero el sistema político no siempre les provee los medios para que participen en la lucha por el poder público, de modo que el movimiento adquiere diferentes expresiones en cada región, desde asociaciones civiles hasta partidos políticos o guerrillas insurgentes.

Grupos grandes vs grupos pequeños

Hasta ahora se ha hablado de individuos aislados y de grandes grupos de personas, pero han quedado exentos del análisis los grupos más pequeños. Pasquino los alude como grupos de interés o como grupos de presión, a pesar de que la ambiguedad en este rubro es el talón de Aquiles de toda esta teoría.

Por un lado, los teóricos definen los grupos de interés por su presunta naturaleza expectante. No hablan de números, pero sí los contemplan como masas pedispuestas a la participación o a la movilización. ¿Qué razones los predisponen? En principio, la clase, aunque también puede hablarse del estatus o de las identidades que asumen.

Se entiende por otro lado que los grupos de presión son más visibles. Su número suele ser más reducido. Además, están mejor organizados. Utilizan los recursos a su alcance – que suelen ser bastantes –, para influir en los procesos políticos, para incitar la participación y para provocar la movilización según sus fines particulares, acaso exclusivos, aunque presentados generalmente como la voz de un colectivo, independientemente de las diferencias de clase que guarden sus integrantes (como sucede con las reivindicaciones étnicas o los nacionalismos).

Bibliografía

Pasquino, Gianfranco. Participación política, grupos y movimientos sociales, en Manual de ciencia política / S. bartolini… [et al.] ; comp. gianfranco pasquino. Madrid. Alianza, 1986.

De teólogos y políticos

Hoy voy a compartir con ustedes un breve ensayo sobre las formas en que los teólogos buscan desacreditar a la política y a los políticos. El asunto es complejo, porque la crítica desde el dogma suele concentrarse en un mismo punto: la finalidad y/o la trascendencia de la acción política, su propósito, su razón de ser. Veamos pues de que trata el asunto.

Política extraviada, acusan los teólogos

La política se percibe como huyendo de la vida. Tal es la impresión que deja entre los teólogos. En principio le acusan de alejarse de todo valor trascendente, como pidiendo que vuelva a descansar en absolutos ideológicos. Luego le tildan de anodina e indiferente, por aquello de volverse cada día más contingente, o en todo caso, reaccionaria. Dicen que no tiene futuro porque no tiene objetivos, y que carece de los mismos porque no tiene principios, quizá porque los ha perdido, o tal vez porque nunca los tuvo, pero fundamentalmente porque no ha sabido definir para sí misma alguna clase de propósito, alguna idea de su finalidad o su sentido de existir.

Por ello los teólogos ven a la política contemporánea como un árbol hueco y sin vida. Se agotó con la constitución de los Estados soberanos, afirman algunos. Otros sostienen que ha perdido su vigencia tras la renuncia de su carácter histórico (¿lucha de clases?). También hay quienes dicen que fracasó al intentar unir culturas diversas bajo una misma etiqueta. O porque la secularización y el laicismo le impidieron discernir lo verdaderamente trascendente, especulan los menos.

Las críticas de este tipo, aunque coinciden en el diagnóstico, difieren en los síntomas. Mientras unos ven una política que se ha vuelto excesivamente conservadora, en gran medida burocrática, e incluso represora, otros la observan conducirse por la vía de la abyecta transgresión de lo aparentemente sensato, acaso contra la propia humanidad y sus posibilidades de supervivencia. Todo esto ocurre sin duda, pero no porque la política se lo haya propuesto de manera consecuente. De hecho, el único modo que se me ocurre de definir a la política desde un punto de vista teleológico – por los fines que persigue –, es en razón de su búsqueda de un orden mínimo; un orden que, a decir de Biagio de Giovanni, debería ser democrático cuando menos para que tal búsqueda tuviera algún sentido. Aunque también estas razones, aparentemente inocuas, pueden llevarnos a subordinar la acción política a los preceptos de la ideología, donde la tiranía se justifica en función de ciertos fines aparentemente loables, justos o necesarios.

Ahora bien, ¿por qué debería la política aspirar a un orden democrático? El argumento liberal es sencillo: porque no queremos vivir bajo un gobierno autocrático, donde una sola persona es capaz de imponer su voluntad a los demás. La hipótesis es que deseamos que se nos respete y se nos tome en cuenta, pero también que se nos deje vivir al margen del gobierno y de lo público si así lo decidimos. Sin embargo la vida real no siempre es tan considerada.

Democracia real e ideal

Norberto Bobbio escribió alguna vez que un régimen democrático se caracteriza por atribuirle poder político a un número muy elevado de personas, y no tanto por cumplir con las expectativas o los ideales de la mayoría (o de los promotores de la ideología mayoritaria). Él concebía la democracia como un conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Consideraba que un régimen político podía clasificarse como democrático si aquellos que eligen o autorizan a quienes deciden por todos, cuentan además con alternativas reales para escoger y están en condición de seleccionarlas de manera libre, sin coacción y sin presiones.

Para que un régimen democrático fuera en alguna medida posible, Bobbio hablaba del respeto a los derechos políticos de las personas: libertad de opinión, de expresión, de reunión, asociación, etc. Estos derechos proceden de una tradición filosófica liberal en la que subyace una concepción individualista de la sociedad, contraria a la concepción orgánica de la misma que era común en la antigüedad y en la edad media, y que aún puede encontrarse en las utopías de algunos teólogos e ideólogos colectivistas.

Lo irónico del asunto es que en las democracias modernas, lo que ha sucedido es que los grupos se han convertido en los sujetos relevantes de la política, en vez de los individuos. Para decirlo de otro modo, nuestras sociedades no giran en torno de un sólo colectivo (la nación, el pueblo), pues han crecido y se han atomizado, de modo que ahora tienen varios centros de poder. Por ello dice Bobbio que los regímenes democráticos actuales son más bien poliarquía; la expresión de una pluralidad.

Quizá sea verdad que la política merezca un fin loable como la consecución de un régimen democrático, o acaso otro más benigno. Sin embargo, también podría pensarse que tal vez hay necesidades más apremiantes, como asegurar la supervivencia del grupo, la salvación de sus almas, o satisfacción de sus necesidades más básicas en ésta vida. En cualquier caso, la amenaza de la autocracia ha estado desde siempre presente con nosotros, de modo que es inevitable cuestionarse si los Estados democráticos podrán lidiar con ella en el futuro. Los teólogos por otro lado, a veces llegan a sugerir que esta amenaza no lo es tanto (porque el fin es más importante, y de algún modo lo justifica todo). Sin embargo, Bobbio no piensa que los regímenes democráticos hayan claudicado, aunque sí admite que muchos Estados democráticos ya no lo son tanto, pues hay al menos cinco cuestiones que deberían considerarse.

La primera de todas ellas es el problema de la representación política. Por lo general, cada grupo tiende a identificar sus intereses particulares con el interés común, de modo que este principio ha sido violado de manera sistemática por siglos. Como consecuencia de lo anterior, la democracia representativa no puede deshacerse de los grupos oligárquicos, aunque tampoco es su intención. Lo más que puede hacer para limitarlos es alentar la competencia entre un número cada vez mayor de los mismos. En ello reside la única forma de democracia practicable, a saber.

Otro asunto a considerar es que muchas decisiones que afectan a la colectividad suelen tomarlas unos cuantos individuos sin consultar con la mayoría, o cuando menos sin considerar sus intereses. Los espacios donde ésto sucede, la empresa y la administración pública, permanecen en muchos casos restringidos a unos cuantos privilegiados, de modo que no importa mucho cuántos voten, sino en dónde se puede votar y para qué tipo de decisiones.

De igual modo, vale la pena considerar que estas decisiones colectivas se tomen de manera transparente, permitiendo que el ciudadano conozca las acciones de quien detenta el poder. Ello permitiría el escrutinio y alguna forma de control público sobre dichas decisiones. Aunque quizá la cuestión más apremiante de todas sea la educación cívica, la promoción de las virtudes de la participación política. Porque son pocos los que hoy se preocupan por lo público.

Podría decirse entonces que no es la política la que huye de los ciudadanos, sino que son las personas las que se han dejado llevar por la apatía, descuidando a la política. Después de todo, hay obstáculos que no pudieron preverse, como sostiene Norberto Bobbio: el arribo de una clase política con saberes más allá lo común para el ciudadano; el crecimiento de un aparato burocrático que buscando atender demandas ciudadanas, se extravió; el cúmulo inagotable de demandas que no han podido resolverse en tiempo en forma, etc.

Y pese a todo lo anterior, la política se muestra como una actividad necesaria y loable. Al orientarse hacia la democracia, la política ha conseguido cultivar valores como la tolerancia, el ideal de la no violencia, el diálogo incluyente y la crítica constructiva. Aunque podría ser mucho mejor.

Teoría de la Constitución

1. Introducción a la teoría de la Constitución

Muchos discrepan en torno de lo que es o debiera entenderse por Constitución. Al respecto se ha escrito, tal vez, demasiado. Sin embargo, la duda permanece por tratarse de un asunto que compete a todos los pueblos de todos los Estados en todo el mundo. La Constitución es, en sentido estricto, un fenómeno que corresponde al Estado nacional.

Para abordar dicho fenómeno hace falta, primeramente, hablar del proceso histórico del constitucionalismo – es decir, la creencia de que todo sistema político debe antes constituirse y establecer reglas fijas que aseguren su supervivencia por tiempo indefinido.

Esta historia podría comenzar con las sociedades teocráticas, mismas que se sometían a una ley suprema cuya naturaleza atribuían a alguna divinidad. El judaismo, el cristianismo y el islam han sido las religiones que más honda huella ha dejado en el mundo occidental en este sentido, aunque ello no significa que otras culturas no hayan tenido un impacto sustancial en ciertas regiones del planeta.

Después podría hablarse de la democracia griega, sistema que instituye el poder político (de la “polis” o ciudad griega), y que además lo distribuye mediante cargos públicos entre todos sus ciudadanos mediante sorteo.

Luego vendría la república romana, sociedad estatal (multicultural y heterogenea) que admite dentro de su sistema político diversos y complicados dispositivos legales que actuan como frenos y contrapesos del poder político. Además, postula en el derecho romano un mínimo de garantías para con sus ciudadanos.

Y en última instancia, podría discutirse el constitucionalismo europeo moderno, producto de la necesidad de imponer límites al poder despótico del rey, y con ello reconocer el poder de la aristocracia y de la burguesía; o del constitucionalismo moderno también de las colonias americanas que, desde el siglo XVIII, se tranformaron en Estados soberanos.

Dentro de este proceso hay algunas constantes que no pueden soslayarse. En primer lugar, como aduce Ferdinand Lassalle, los problemas del constitucionalismo no competen en su escencia al derecho, sino al poder, de modo que “la verdadera Constitución de un país sólo recide en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen” (¿Qué es una constitución?).

2. Constitución como ejercicio de soberanía

Por cuestiones históricas, la soberanía de los Estados ha sido abordada desde dos puntos de vista: uno de ellos ubica al poder del monarca como origen de la soberanía nacional; el otro traslada dicha soberanía a la voluntad del pueblo.

En ambos casos, para efectos de la teoría de la Constitución, pueblo y monarca se erigen como poder constituyente, mismo que en un acto de autodeterminación elabora por cuenta propia o a través de sus representantes la Constitución. Y esto, en la teoría, es visto como el pleno ejercicio del poder soberano (supremo).

Mediante este acto debe entenderse que el poder soberano – aquel que se encuentra por encima de todos –, se establece, o lo que es lo mismo, se constituye. Por medio de la Constitución, acuerdo tácito entre las máximas fuerzas de poder en una sociedad, se consigna la forma de gobierno que ha sido elegida para sí conforme a sus intereses. Se crean, asimismo, los poderes públicos (poderes constituídos), y se reserva además para los individuos algunos derechos o garantías individuales.

Es así como, a razón de dicha hipótesis, la teoría de la Constitución atribuye al texto constitucional, o al acuerdo tácito meta-constitucional (no escrito), el carácter de poder soberano.

3. Constitucionalismo y poder

Si en la Constitución se hace recidir la soberanía de todos los elementos de un Estado, el poder supremo, en todo caso, recide en la ley. Tal es la consigna del derecho constitucional. Sólo que, en la práctica, y a decir de lo ocurrido en el pasado, no todo sucede conforme a la teoría.

El poder ha sido siempre reacio al acatamiento de toda norma, aún tratándose de aquellas que impone o acuerda deliberadamente. Su fuerza está en el potencial que tiene para atropellar la ley. Su virtud recide en su voluntad para contenerse. Sin embargo, el poder es por naturaleza impetuso. Quienes lo tienen no están dispuestos a dejarlo ir. Quienes lo añoran, por todos los medios tratarán de conseguirlo. El poder es, por lo tanto, motivo y razón de la Constitución.

Como expresión del poder supremo en un Estado nacional, la Constitución tiene a su cargo constituir tal poder, o en otras palabras, reconocerlo, autorizarlo, institucionalizarlo y organizarlo de acuerdo a sus fines. Se crean así los poderes públicos – poderes constituídos –, que abrán de ejercer el poder soberano.

La Constitución procede entonces mediante la institucionalización del poder, es decir, la creación de cargos públicos e instituciones, en vez de depositar el poder en personas. Y añade, también, restricciones legales y mecanismos de control para que el poder trabaje de conformidad con lo que el orden jurídico le autoriza.

4. La división de poderes

Desde el punto de vista de la teoría, todos los poderes públicos encuentran sus fronteras en la Constitución, sólo que, en la práctica, la historia ha demostrado que la concentración del poder en unas cuantas manos siempre sobrepasa el orden constitucional. Ello ha dado pie a que una facultad adicional de la Constitución sea la división del poder público.

Al buscar el hombre político limitaciones al poder absoluto, la división del poder público ha resultado una alternativa efectiva para mantener en equilibrio el poder del Estado sin alterar su funcionamiento. La naturaleza de dicha división, no obstante, está supeditada al devenir histórico de las naciones.

Estas divisiones comprenden tanto divisiones al interior de la sociedad estatal (monarquía, aristocracia, burguesía, etc.), como divisiones dentro del poder público constituido en el Estado, independientemente de la persona que lo ejerce (poder ejecutivo, legislativo y judicial). También la Constitución contempla la división de cargos dentro de diversas intituciones públicas. La idea es crear una suerte de frenos y contrapesos que impidan la concentración del poder.

5. Documentos constitucionales

Al poner por escrito la Constitución, ya fuera por motivos de seguridad o bien sólo por darle claridad al asunto, se crearon documentos constitucionales que no siempre concuerdan con la realidad política al interior de los Estados. No obstante, la forma escrita puede representar por igual la realidad sociopolítica en su origen y, además, construir un contexto de actualidad si se le modifica o se enmienda. En todo caso, la variedad de estos mecanismo se encuentra inmersa dentro de un proceso histórico.

De acuerdo con Karl Lowenstein, dentro de la dinámica de la historia constitucional sólo siete constituciones pueden ser consideradas como tipos originarios. Cada una plantea formas específicas de división del poder público, además de mecanismos legales que hacen las veces de frenos y contrapesos para el ejercicio del poder. “Todas las otras constituciones escritas son más o menos derivadas, en el sentido de que se apropiaron de caracterísiticas de otras formas constitucionales y las adaptarona sus necesidades nacionales”, señaló (Teoría de la Constitución)

Esos siete tipos originarios de Constitución son:

  1. El parlamentarismo británico, que contempla la división entre la monarquía, la aristocracia y el pueblo, y que fomenta su interdependencia por coordinación.
  2. El sistema constitucional americano del presidencialismo (con su división del poder público entre un poder ejecutivo, uno legislativo y uno judicial).
  3. El constitucionalismo francés de 1793, que produjo un tipo de gobierno de asamblea, y que además contenía la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (versión en línea).
  4. Las constituciones napoleónicas, que legalizaron una especia de cesarismo plebiscitario (concentrando el poder en un ejecutivo fuerte).
  5. La Carta francesa de 1814, que buscó legitimar una monarquía limitada constitucionalmente, dividida en algunas de sus atribuciones tradicionales (infografía).
  6. La Carta belga de 1831, que reconcilió el principio monárquico con la soberanía popular.
  7. Las constituciones rusas “Soviets” de 1918-1924, que rompieron con la tradición constitucional europea y atribuyeron a los “Soviets” (Consejos de trabajadores y campesinos) un papel decisivo en el proceso de poder.

Al estudiar éstos y otros documentos constitucionales, Lowenstain deduce que la dinámica de la historia constitucional supone una serie de sincretismos. Parece lógico si consideramos que, desde el punto de vista del Derecho Constitucional, toda Constitución queda circunscrita a la oposición entre necesidades sociales y aspiraciones indivuales, es decir, al antagonismo entre el poder de una autoridad y la demanda básica de libertades sociales.

De cualquier forma, todo documento constitucional presenta algunos rasgos en común. Tres tópicos integran, a grandes rasgos, el contenido de las normas constitucionales: Territorio, población y organización del poder.

6. Clasificación de las constituciones

Como ley fundamental de los Estados, toda Constitución guarda ciertas características y peculiaridades. No obstante, para su estudio con respecto del Derecho Constitucional se les agrupa de diversas formas. Una de ellas es la siguiente:

  1. Por su nacimiento en otorgadas, impuestas y pactadas (a mi juicio todas son impuestas).
  2. Por sus procedimientos de reforma en flexibles y rígidas (de acuerdo al nivel de requisitos necesarios para reformarla).
  3. Por su forma jurídica en codificadas y dispersas (si las normas constitucionales se encuentran en un sólo documento o en varios).

Otro criterio, que va más allá del sentido formal de una constitución, es el propuesto por Karl Lowenstein. Según él, las constituciones pueden agruparse conforme a los siguientes criterios:

  1. Por familias constitucionales, en originarias y derivadas (conforme a la influencia de unas sobre otras).
  2. Por su contenido ideológico o programático (dogmáticas o utilitarias).
  3. Por su forma de gobierno (democrático, autocrático, federalista, etc.)
  4. Por su carácter ontológico (observable con respecto de su realidad sociopolítica, e identificable como normativa, nominal o semántica).

La primera clasificación se da con respecto al documento constitucional. De ahí lo rescatable sería el procedimiento de reforma constitucional, que obviamente rebasa los criterios de la clasificación tradicional.

Con respecto a la propuesta de clasificación de Lowenstein, cabe señalar que trasciende el ámbito puramente nominal de la clasificación tradicional, aunque añade una nueva dimensión de complejidad al asunto. El punto de las familias constitucionales es historia. Lo de su contenido ideológico o pragmático es de carácter técnico y filosófico. Sin embargo el último punto, el carácter ontológico de una Constitución, alcanza y sobra para un estudio sociológico.

Lo de constituciones de carácter normativo corresponde, en palabras de Lowenstein, a “lo que los detentadores y los destinatarios del poder hacen de ella en la práctica”. En este caso, si la Constitución cumple con su propósito – regular el proceso político –, y en qué medida.

Una constitución de carácter nominal, por otro lado, carece de realidad existencial pese a su vigencia, es decir, la situación impide la observancia de la ley, que en la práctica son ignoradas dentro de la dinámica de la vida política.

Y aquellas constituciones de carácter semántico, conforme a lo señalado por Lowenstein, no son sino un disfraz a la medida de los detentadores fácticos del poder, que escapan de la norma jurídica e influyen en el proceso político (elecciones, juicios, legislación, etc.).

Bibliografía:

Lowenstain, Karl. Teoría de la Constitución. Editorial Ariel, Barcelona.

Luis Humberto Delgadillo y Manuel Lucero Espinoza. Introducción al Derecho Positivo mexicano. Limusa-Noriega Editores, México.

Lassale, Ferdinand, ¿Qué es una Constitución?, Editorial Colofón S.A. México.

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