Michael Walzer, igualdad compleja y esferas de justicia

Hoy les comparto este ensayo sobre Las esferas de justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad, del filósofo Michael Walzer. Resume algunas de las ideas del autor, y explica su posición sobre la justicia y el igualitarismo, la redistribución, la propiedad y la dominación. Espero lo encuentren estimulante y aleccionador. Saludos.

Hay que atender los reclamos del igualitarismo político

Quien reclama justicia demanda igualdad. Tal es la opinión del filósofo Michael Walzer, cuya propuesta considera como una posibilidad práctica el establecimiento de una pluralidad de regímenes políticos de dominación atenuada, en oposición a un sistema distributivo universal fundado en abstracciones, al modo de su colega y amigo John Rawls.

A Walzer le tomó 10 años presentar una crítica y una alternativa a la teoría de la justicia de Rawls, la cual considera una justificación o racionalización del sistema político contemporáneo. A su modo de ver, es cuestionable que la gente elija los principios liberales de justicia de Rawls, o un conjunto básico de bienes primarios universales, si se les trae de vuelta a sus situaciones particulares de origen, lejos de las condiciones ideales necesarias para llegar a un equilibrio reflexivo (velo de ignorancia y discusión racional). Por ello le parece más adecuado aceptar la idea de un pluralismo de criterios, mecanismos y regímenes distributivos.

Con base en este planteamiento, el problema para Walzer no es la invención de un orden de instituciones universales justas. En vez de ello considera mucho más importante el atender los reclamos del igualitarismo político, abolicionista y emancipador, frente al problema de la dominación y los privilegios aristocráticos, burocráticos, étnicos, sexuales, o bien asociados con el predominio del dinero.

Dominación como control de bienes y justificación

Ya que para Walzer la dominación es consecuencia del control sobre un conjunto de bienes sociales dominantes, la distribución no tiene tanta relevancia como la concepción y la creación de bienes sociales. Después de todo, el valor que le damos a distintas clases de bienes es construido socialmente, en función de su escases o disponibilidad, utilidad o necesidad, etc.

Además, estos significados compartidos otorgan estatus o identidad, por la manera en que se conciben y crean, y luego por cómo se poseen o emplean los distintos bienes sociales. Estos mismos significados también determinan su movilidad, al igual que sus procedimientos o criterios de distribución, aunque difieren entre comunidades por sus particularidades históricas y culturales, y aún entre esferas o áreas de distribución.

En opinión de Walzer, si consideramos como bienes sociales dominantes a todos aquellos cuyo valor es el más alto en una comunidad, encontraremos que:

  1. Dichos bienes generalmente son monopolizados por un grupo o coalición de grupos; y
  2. El valor de tales bienes es mantenido por la fuerza y cohesión de quienes se los apropian en exclusiva.

Como resultado tendremos una clase social dominadora, cuyos miembros se ubican en la cima del sistema distributivo; y un conjunto de bienes dominantes que serán deseados por muchos, y que propiciarán luchas distributivas o conflictos sociales por el modelo de distribución (ya sea que cuestionen a los agentes distribuidores, sus procedimientos, o bien el predominio de ciertos bienes dominantes).

En este punto la imagen de las sociedades humanas como comunidades distributivas se torna fundamental, porque de hecho hay varias formas en las que nos asociamos para compartir e intercambiar o distribuir bienes, a saber:

  1. La aristocracia, en donde los monopolizadores arguyen alguna clase de superioridad en función de su raza (¿sexo?) o su linaje;
  2. La teocracia, en donde hay quienes afirman conocer la voluntad o los designios de lo divino, para luego legitimar sus intereses monopolistas;
  3. La meritocracia, en la que los que se asumen como los más talentosos o calificados justifican así sus intereses monopolistas; y
  4. La oligarquía, en donde quienes poseen más ventajas en situaciones de intercambios libres también construyen monopolios, defendiendo el predominio del dinero sobre cualquier otro bien.

Regímenes de dominación atenuada

Es claro ya que cuando se habla de alguna clase de justicia, el problema es el control monopólico de ciertos bienes dominantes, mismos que otorgan el poder de la dominación. Pero no es fácil sustraerse de soluciones radicales, como la que representa la idea de la igualdad simple o total.

Para Walzer una sociedad que adopte este principio, la igualdad total, sería un mundo hipócrita de falsas apariencias, con individuos obligados a verse y actuar igual y tener lo mismo, vigilados por una élite que simularía en realidad no existir. Por ello tiene más sentido hablar de un régimen de igualdad compleja o de dominación atenuada, en el cual el dominio en una esfera o área de interacción humana no pueda conferir ventajas significativas en otras esferas.

La clave para el desarrollo de un régimen de igualdad compleja o de dominación atenuada, de acuerdo con Walzer, reside en el siguiente principio:

Ningún bien social “X” ha de ser distribuido entre hombres y mujeres que poseen algún bien social “Y”, simplemente porque poseen “Y”, y sin tomar en cuenta el significado de “X”.

Suena bien como norma, aunque la debilidad de toda norma reside en la ilusoria premisa de que no hay nada por encima suyo. Y esto es lo que sucede con el poder político, fundador y transgresor de normas, pues confiere la posibilidad de hacer más severos o flexibles los criterios distributivos, centralizar o descentralizar los procedimientos distributivos, e intervenir o restringir el acceso a otras esferas distributivas.

Criterios de redistribución

Se entiende que los dos grandes mecanismos de distribución históricos son el mercado y el Estado. Bajo estos esquemas, Walzer autoriza sólo el uso de tres criterios distributivos: el intercambio libre, la necesidad y el merecimiento.

Luego al disertar sobre las dificultades para establecer procedimientos basados en estos criterios, Walzer apunta que el intercambio libre no debe ser completamente libre, porque hay algunos intercambios que deben obstruirse, por ejemplo los de seres humanos o cargos públicos; que es imposible establecer un conjunto objetivo de necesidades, pues además de particulares son también subjetivas, y no sólo urgentes; y que el merecimiento exige la definición precisa de atributos o calificaciones, así como el ejercicio imparcial de jueces, dos condiciones que favorecen el establecimiento de monopolios.

A ello se suman las dificultades de determinar a qué población, a qué clase de individuos, y a qué individuos en particular considerar en los procedimientos distributivos que se nos ocurran.

Para ilustrar lo anterior, Walzer selecciona un tema paradigmático: la pertenencia a la comunidad. En teoría la pertenencia es algo con lo que se nace. Ya se posee, así que se la otorga o no a extraños, en función de sus relaciones para con los miembros de la comunidad. Al otorgarse plenamente el bien social de la pertenencia, se confiere también el derecho a la asistencia mutua, al igual que la obligación de la previsión mutua, total o parcialmente (negando la ciudadanía, pero concediendo a todos ellos el estatus de huéspedes).

Sin embargo el problema fundamental es quién autoriza la pertenencia, y bajo qué criterios y procedimientos; el problema fundamental es quién admite y por cuánto tiempo la entrada de migrantes pobres o refugiados políticos (migración forzada), o la entrada de turistas o individuos a quienes les atrae la idea de pertenecer a dicha comunidad (migración voluntaria).

Como esta decisión incide en la composición de una comunidad, ya sea que se busque la homogeneidad y la cohesión o la heterogeneidad y el pluralismo, tiene sentido preguntarse si en este caso en particular importan más los principios o criterios morales de distribución, o la voluntad de los agentes encargados de tal distribución, que suelen ser los monopolizadores “legítimos” del poder político.

El caso revela una observación inquietante: que el monopolio del poder político no puede mantenerse sin el consentimiento continuo de quienes están sujetos a él. Por eso una forma de mantenerlo es a través de la obligación a la previsión mutua, algo que hace de toda comunidad distributiva un Estado de beneficencia a los ojos de Walzer.

  • Si ocurre que el monopolio del poder político se percibe como injusto, quizá los miembros de la comunidad expresen su descontento con los agentes encargados de la distribución (corruptos e inmorales dirán), pero no con los criterios de distribución que la comunidad considera válidos, o con los bienes sociales que se toman por dominantes.
  • Si llega a suceder que la disputa es con los criterios de distribución operantes, en realidad aquí tampoco hay un cuestionamiento ideológico del monopolio del poder político, sino una serie de demandas igualitarias concernientes al número de unidades de bienes sociales a distribuir.
  • Pero si pasa que el eje del conflicto son los bienes sociales dominantes, entonces ya podemos hablar de grupos revolucionarios e ideologías revolucionarias, pues promueven el predominio de otros bienes sociales distintos a los existentes.

A manera de conclusión, Walzer nos recuerda que la meta de un régimen de igualdad compleja o de dominación atenuada requiere el respeto de fronteras entre esferas de distribución particulares. Aunque ser demasiado restrictivos en este aspecto puede resultar contraproducente, ya que entre más restrictivas son las políticas de un régimen, los requisitos de la cohesión y la vigilancia pueden volverse bastante inaceptables, como sucede con las tiranías, y el propósito de todo esto es evitar las tiranías, la dominación total.

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Bibliografía

Walzer, Michael. Las esferas de la justicia, una defensa del pluralismo y la igualdad. FCE, México, 2004.

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Participación política

Qué tal. Espero que estén disfrutando estas fiestas de diciembre. Ya seguro están pensando también en sus propósitos para 2011. ¡Ánimo! Una de mis metas para este año es publicar más seguido contenidos para el blog, así que de momento les dejo un breve ensayo para que lo lean y lo critiquen. Reciban de igual modo mis mejores deseos. Abrazos y saludos.

Individuos vs Grupos

¿Es la participación política un asunto de individuos, o hablamos de grupos, asociaciones, organizaciones, partidos?

Dos formas de representación política convergen en un mismo concepto: el ejercicio voluntario de individuos con plena conciencia de sus acciones, y la movilización de personas en torno a una causa que les es parcial o totalmente (des)conocida, e incluso parcial o totalmente ajena.

Ambas realidades se funden con la idea de concretar una serie de objetivos similares: participar de los asuntos públicos, tomar parte en los procesos políticos, influir en quienes ostentan los poder públicos, desplazar o reemplazar a esas personas, y en última instancia, cambiar el status quo, es decir, el Estado y las relaciones que guarda con la sociedad.

La diferencia entre los sujetos de la participación y la movilización política, según Gianfranco Pasquino, tiene mucho que ver con el nivel socio-económico de las personas, aunque toca también los fundamentos de su identidad personal, política y cultural. Si nos referimos al estatus de estas personas, entonces podemos hablar de clases sociales, de roles y funciones sociales, de aspiraciones y recursos diferentes; de situaciones y condiciones distintas de participación y movilización (participación diferenciada y estratificación).

Lo usual entre los teóricos es atribuir la participación política a los individuos con mayores recursos (aquellos que disponen de los medios suficientes para hacerse notar). Del mismo modo, es común que se le asigne a las personas con menor estatus la condición de “movilizados”, aunque la frontera entre las clases suele ser, a primera vista, tan ambigua como la diferencia entre participación y movilización política.

Un modo de acotar la incertidumbre entre dichas categorías es aquél que distingue entre participación y movilización de acuerdo con sus formas de expresión, sean estas legales o extralegales. En este sentido, lo usual ha sido considerar el voto, el derecho de petición, el derecho de audiencia, el derecho de réplica, la militancia política y la protesta individual como modos o tipos de participación política, autónoma y relativamente espontánea. Por otro lado, se ha considerado que la movilización es un acto extrínseco (o heterónomo) cuya manifestación se da en concentraciones masivas, ya sea en mítines, marchas, plantones, o cualquier otro acto de protesta en masa.

También hay quienes dicen, tal vez con cierta ligereza, que para que haya una movilización se necesita un líder político, un individuo que dé voz a las demandas de los ciudadanos; un catalizador que organice el consenso, el apoyo, el disenso o la disidencia. Quizá sea así. De cualquier modo, detrás de cada movilización se crean e instituyen organizaciones políticas, legales o extralegales, que asumen la instrumentación de las decisiones del líder político. O puede ser que suceda lo contrario, que aparezcan organizaciones con programas contrarios a las demandas de la movilización. Después de todo, la militancia en cualquier organización política puede verse de igual modo como un instrumento para modificar las propias oportunidades de vida.

Además, en esas organizaciones pueden participar (voluntariamente) personas de diversas clases sociales, con distintas aspiraciones y distintos objetivos, ya sea con el fin de intervenir activamente, o bien por el deseo de sentirse parte del movimiento. Por eso el problema de la representación política (¿organizaciones o individuos?) queda sin resolverse del todo. La conclusió más obvia es que compete a las dos partes, individuos y grupos, tanto la movilización como la participación. Pero, ¿es así?

Un forma diferente de abordar este problema es la propuesta por revisionistas como Alain Touraine. Porque a su modo de ver, la idea de que las movilizaciones no son sino procesos históricos, encuentra sus raíces en la clásica tesis de la lucha de clases propuesta por Marx.

Para Touraine, las clases oprimidas por el capitalismo se revelan, adquieren conciencia de su situación (empezando por la clase) y se organizan, crean movimientos de carácter histórico, y juntas se confrontan legal o extra-legalmente (muchas veces de manera violenta) con las clases superiores, en defensa de sus derechos y su dignidad. Las clases movilizadas requieren de la organización, pero el sistema político no siempre les provee los medios para que participen en la lucha por el poder público, de modo que el movimiento adquiere diferentes expresiones en cada región, desde asociaciones civiles hasta partidos políticos o guerrillas insurgentes.

Grupos grandes vs grupos pequeños

Hasta ahora se ha hablado de individuos aislados y de grandes grupos de personas, pero han quedado exentos del análisis los grupos más pequeños. Pasquino los alude como grupos de interés o como grupos de presión, a pesar de que la ambiguedad en este rubro es el talón de Aquiles de toda esta teoría.

Por un lado, los teóricos definen los grupos de interés por su presunta naturaleza expectante. No hablan de números, pero sí los contemplan como masas pedispuestas a la participación o a la movilización. ¿Qué razones los predisponen? En principio, la clase, aunque también puede hablarse del estatus o de las identidades que asumen.

Se entiende por otro lado que los grupos de presión son más visibles. Su número suele ser más reducido. Además, están mejor organizados. Utilizan los recursos a su alcance – que suelen ser bastantes –, para influir en los procesos políticos, para incitar la participación y para provocar la movilización según sus fines particulares, acaso exclusivos, aunque presentados generalmente como la voz de un colectivo, independientemente de las diferencias de clase que guarden sus integrantes (como sucede con las reivindicaciones étnicas o los nacionalismos).

Bibliografía

Pasquino, Gianfranco. Participación política, grupos y movimientos sociales, en Manual de ciencia política / S. bartolini… [et al.] ; comp. gianfranco pasquino. Madrid. Alianza, 1986.

De teólogos y políticos

Hoy voy a compartir con ustedes un breve ensayo sobre las formas en que los teólogos buscan desacreditar a la política y a los políticos. El asunto es complejo, porque la crítica desde el dogma suele concentrarse en un mismo punto: la finalidad y/o la trascendencia de la acción política, su propósito, su razón de ser. Veamos pues de que trata el asunto.

Política extraviada, acusan los teólogos

La política se percibe como huyendo de la vida. Tal es la impresión que deja entre los teólogos. En principio le acusan de alejarse de todo valor trascendente, como pidiendo que vuelva a descansar en absolutos ideológicos. Luego le tildan de anodina e indiferente, por aquello de volverse cada día más contingente, o en todo caso, reaccionaria. Dicen que no tiene futuro porque no tiene objetivos, y que carece de los mismos porque no tiene principios, quizá porque los ha perdido, o tal vez porque nunca los tuvo, pero fundamentalmente porque no ha sabido definir para sí misma alguna clase de propósito, alguna idea de su finalidad o su sentido de existir.

Por ello los teólogos ven a la política contemporánea como un árbol hueco y sin vida. Se agotó con la constitución de los Estados soberanos, afirman algunos. Otros sostienen que ha perdido su vigencia tras la renuncia de su carácter histórico (¿lucha de clases?). También hay quienes dicen que fracasó al intentar unir culturas diversas bajo una misma etiqueta. O porque la secularización y el laicismo le impidieron discernir lo verdaderamente trascendente, especulan los menos.

Las críticas de este tipo, aunque coinciden en el diagnóstico, difieren en los síntomas. Mientras unos ven una política que se ha vuelto excesivamente conservadora, en gran medida burocrática, e incluso represora, otros la observan conducirse por la vía de la abyecta transgresión de lo aparentemente sensato, acaso contra la propia humanidad y sus posibilidades de supervivencia. Todo esto ocurre sin duda, pero no porque la política se lo haya propuesto de manera consecuente. De hecho, el único modo que se me ocurre de definir a la política desde un punto de vista teleológico – por los fines que persigue –, es en razón de su búsqueda de un orden mínimo; un orden que, a decir de Biagio de Giovanni, debería ser democrático cuando menos para que tal búsqueda tuviera algún sentido. Aunque también estas razones, aparentemente inocuas, pueden llevarnos a subordinar la acción política a los preceptos de la ideología, donde la tiranía se justifica en función de ciertos fines aparentemente loables, justos o necesarios.

Ahora bien, ¿por qué debería la política aspirar a un orden democrático? El argumento liberal es sencillo: porque no queremos vivir bajo un gobierno autocrático, donde una sola persona es capaz de imponer su voluntad a los demás. La hipótesis es que deseamos que se nos respete y se nos tome en cuenta, pero también que se nos deje vivir al margen del gobierno y de lo público si así lo decidimos. Sin embargo la vida real no siempre es tan considerada.

Democracia real e ideal

Norberto Bobbio escribió alguna vez que un régimen democrático se caracteriza por atribuirle poder político a un número muy elevado de personas, y no tanto por cumplir con las expectativas o los ideales de la mayoría (o de los promotores de la ideología mayoritaria). Él concebía la democracia como un conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Consideraba que un régimen político podía clasificarse como democrático si aquellos que eligen o autorizan a quienes deciden por todos, cuentan además con alternativas reales para escoger y están en condición de seleccionarlas de manera libre, sin coacción y sin presiones.

Para que un régimen democrático fuera en alguna medida posible, Bobbio hablaba del respeto a los derechos políticos de las personas: libertad de opinión, de expresión, de reunión, asociación, etc. Estos derechos proceden de una tradición filosófica liberal en la que subyace una concepción individualista de la sociedad, contraria a la concepción orgánica de la misma que era común en la antigüedad y en la edad media, y que aún puede encontrarse en las utopías de algunos teólogos e ideólogos colectivistas.

Lo irónico del asunto es que en las democracias modernas, lo que ha sucedido es que los grupos se han convertido en los sujetos relevantes de la política, en vez de los individuos. Para decirlo de otro modo, nuestras sociedades no giran en torno de un sólo colectivo (la nación, el pueblo), pues han crecido y se han atomizado, de modo que ahora tienen varios centros de poder. Por ello dice Bobbio que los regímenes democráticos actuales son más bien poliarquía; la expresión de una pluralidad.

Quizá sea verdad que la política merezca un fin loable como la consecución de un régimen democrático, o acaso otro más benigno. Sin embargo, también podría pensarse que tal vez hay necesidades más apremiantes, como asegurar la supervivencia del grupo, la salvación de sus almas, o satisfacción de sus necesidades más básicas en ésta vida. En cualquier caso, la amenaza de la autocracia ha estado desde siempre presente con nosotros, de modo que es inevitable cuestionarse si los Estados democráticos podrán lidiar con ella en el futuro. Los teólogos por otro lado, a veces llegan a sugerir que esta amenaza no lo es tanto (porque el fin es más importante, y de algún modo lo justifica todo). Sin embargo, Bobbio no piensa que los regímenes democráticos hayan claudicado, aunque sí admite que muchos Estados democráticos ya no lo son tanto, pues hay al menos cinco cuestiones que deberían considerarse.

La primera de todas ellas es el problema de la representación política. Por lo general, cada grupo tiende a identificar sus intereses particulares con el interés común, de modo que este principio ha sido violado de manera sistemática por siglos. Como consecuencia de lo anterior, la democracia representativa no puede deshacerse de los grupos oligárquicos, aunque tampoco es su intención. Lo más que puede hacer para limitarlos es alentar la competencia entre un número cada vez mayor de los mismos. En ello reside la única forma de democracia practicable, a saber.

Otro asunto a considerar es que muchas decisiones que afectan a la colectividad suelen tomarlas unos cuantos individuos sin consultar con la mayoría, o cuando menos sin considerar sus intereses. Los espacios donde ésto sucede, la empresa y la administración pública, permanecen en muchos casos restringidos a unos cuantos privilegiados, de modo que no importa mucho cuántos voten, sino en dónde se puede votar y para qué tipo de decisiones.

De igual modo, vale la pena considerar que estas decisiones colectivas se tomen de manera transparente, permitiendo que el ciudadano conozca las acciones de quien detenta el poder. Ello permitiría el escrutinio y alguna forma de control público sobre dichas decisiones. Aunque quizá la cuestión más apremiante de todas sea la educación cívica, la promoción de las virtudes de la participación política. Porque son pocos los que hoy se preocupan por lo público.

Podría decirse entonces que no es la política la que huye de los ciudadanos, sino que son las personas las que se han dejado llevar por la apatía, descuidando a la política. Después de todo, hay obstáculos que no pudieron preverse, como sostiene Norberto Bobbio: el arribo de una clase política con saberes más allá lo común para el ciudadano; el crecimiento de un aparato burocrático que buscando atender demandas ciudadanas, se extravió; el cúmulo inagotable de demandas que no han podido resolverse en tiempo en forma, etc.

Y pese a todo lo anterior, la política se muestra como una actividad necesaria y loable. Al orientarse hacia la democracia, la política ha conseguido cultivar valores como la tolerancia, el ideal de la no violencia, el diálogo incluyente y la crítica constructiva. Aunque podría ser mucho mejor.

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