Teoría de la Constitución

1. Introducción a la teoría de la Constitución

Muchos discrepan en torno de lo que es o debiera entenderse por Constitución. Al respecto se ha escrito, tal vez, demasiado. Sin embargo, la duda permanece por tratarse de un asunto que compete a todos los pueblos de todos los Estados en todo el mundo. La Constitución es, en sentido estricto, un fenómeno que corresponde al Estado nacional.

Para abordar dicho fenómeno hace falta, primeramente, hablar del proceso histórico del constitucionalismo – es decir, la creencia de que todo sistema político debe antes constituirse y establecer reglas fijas que aseguren su supervivencia por tiempo indefinido.

Esta historia podría comenzar con las sociedades teocráticas, mismas que se sometían a una ley suprema cuya naturaleza atribuían a alguna divinidad. El judaismo, el cristianismo y el islam han sido las religiones que más honda huella ha dejado en el mundo occidental en este sentido, aunque ello no significa que otras culturas no hayan tenido un impacto sustancial en ciertas regiones del planeta.

Después podría hablarse de la democracia griega, sistema que instituye el poder político (de la “polis” o ciudad griega), y que además lo distribuye mediante cargos públicos entre todos sus ciudadanos mediante sorteo.

Luego vendría la república romana, sociedad estatal (multicultural y heterogenea) que admite dentro de su sistema político diversos y complicados dispositivos legales que actuan como frenos y contrapesos del poder político. Además, postula en el derecho romano un mínimo de garantías para con sus ciudadanos.

Y en última instancia, podría discutirse el constitucionalismo europeo moderno, producto de la necesidad de imponer límites al poder despótico del rey, y con ello reconocer el poder de la aristocracia y de la burguesía; o del constitucionalismo moderno también de las colonias americanas que, desde el siglo XVIII, se tranformaron en Estados soberanos.

Dentro de este proceso hay algunas constantes que no pueden soslayarse. En primer lugar, como aduce Ferdinand Lassalle, los problemas del constitucionalismo no competen en su escencia al derecho, sino al poder, de modo que “la verdadera Constitución de un país sólo recide en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen” (¿Qué es una constitución?).

2. Constitución como ejercicio de soberanía

Por cuestiones históricas, la soberanía de los Estados ha sido abordada desde dos puntos de vista: uno de ellos ubica al poder del monarca como origen de la soberanía nacional; el otro traslada dicha soberanía a la voluntad del pueblo.

En ambos casos, para efectos de la teoría de la Constitución, pueblo y monarca se erigen como poder constituyente, mismo que en un acto de autodeterminación elabora por cuenta propia o a través de sus representantes la Constitución. Y esto, en la teoría, es visto como el pleno ejercicio del poder soberano (supremo).

Mediante este acto debe entenderse que el poder soberano – aquel que se encuentra por encima de todos –, se establece, o lo que es lo mismo, se constituye. Por medio de la Constitución, acuerdo tácito entre las máximas fuerzas de poder en una sociedad, se consigna la forma de gobierno que ha sido elegida para sí conforme a sus intereses. Se crean, asimismo, los poderes públicos (poderes constituídos), y se reserva además para los individuos algunos derechos o garantías individuales.

Es así como, a razón de dicha hipótesis, la teoría de la Constitución atribuye al texto constitucional, o al acuerdo tácito meta-constitucional (no escrito), el carácter de poder soberano.

3. Constitucionalismo y poder

Si en la Constitución se hace recidir la soberanía de todos los elementos de un Estado, el poder supremo, en todo caso, recide en la ley. Tal es la consigna del derecho constitucional. Sólo que, en la práctica, y a decir de lo ocurrido en el pasado, no todo sucede conforme a la teoría.

El poder ha sido siempre reacio al acatamiento de toda norma, aún tratándose de aquellas que impone o acuerda deliberadamente. Su fuerza está en el potencial que tiene para atropellar la ley. Su virtud recide en su voluntad para contenerse. Sin embargo, el poder es por naturaleza impetuso. Quienes lo tienen no están dispuestos a dejarlo ir. Quienes lo añoran, por todos los medios tratarán de conseguirlo. El poder es, por lo tanto, motivo y razón de la Constitución.

Como expresión del poder supremo en un Estado nacional, la Constitución tiene a su cargo constituir tal poder, o en otras palabras, reconocerlo, autorizarlo, institucionalizarlo y organizarlo de acuerdo a sus fines. Se crean así los poderes públicos – poderes constituídos –, que abrán de ejercer el poder soberano.

La Constitución procede entonces mediante la institucionalización del poder, es decir, la creación de cargos públicos e instituciones, en vez de depositar el poder en personas. Y añade, también, restricciones legales y mecanismos de control para que el poder trabaje de conformidad con lo que el orden jurídico le autoriza.

4. La división de poderes

Desde el punto de vista de la teoría, todos los poderes públicos encuentran sus fronteras en la Constitución, sólo que, en la práctica, la historia ha demostrado que la concentración del poder en unas cuantas manos siempre sobrepasa el orden constitucional. Ello ha dado pie a que una facultad adicional de la Constitución sea la división del poder público.

Al buscar el hombre político limitaciones al poder absoluto, la división del poder público ha resultado una alternativa efectiva para mantener en equilibrio el poder del Estado sin alterar su funcionamiento. La naturaleza de dicha división, no obstante, está supeditada al devenir histórico de las naciones.

Estas divisiones comprenden tanto divisiones al interior de la sociedad estatal (monarquía, aristocracia, burguesía, etc.), como divisiones dentro del poder público constituido en el Estado, independientemente de la persona que lo ejerce (poder ejecutivo, legislativo y judicial). También la Constitución contempla la división de cargos dentro de diversas intituciones públicas. La idea es crear una suerte de frenos y contrapesos que impidan la concentración del poder.

5. Documentos constitucionales

Al poner por escrito la Constitución, ya fuera por motivos de seguridad o bien sólo por darle claridad al asunto, se crearon documentos constitucionales que no siempre concuerdan con la realidad política al interior de los Estados. No obstante, la forma escrita puede representar por igual la realidad sociopolítica en su origen y, además, construir un contexto de actualidad si se le modifica o se enmienda. En todo caso, la variedad de estos mecanismo se encuentra inmersa dentro de un proceso histórico.

De acuerdo con Karl Lowenstein, dentro de la dinámica de la historia constitucional sólo siete constituciones pueden ser consideradas como tipos originarios. Cada una plantea formas específicas de división del poder público, además de mecanismos legales que hacen las veces de frenos y contrapesos para el ejercicio del poder. “Todas las otras constituciones escritas son más o menos derivadas, en el sentido de que se apropiaron de caracterísiticas de otras formas constitucionales y las adaptarona sus necesidades nacionales”, señaló (Teoría de la Constitución)

Esos siete tipos originarios de Constitución son:

  1. El parlamentarismo británico, que contempla la división entre la monarquía, la aristocracia y el pueblo, y que fomenta su interdependencia por coordinación.
  2. El sistema constitucional americano del presidencialismo (con su división del poder público entre un poder ejecutivo, uno legislativo y uno judicial).
  3. El constitucionalismo francés de 1793, que produjo un tipo de gobierno de asamblea, y que además contenía la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (versión en línea).
  4. Las constituciones napoleónicas, que legalizaron una especia de cesarismo plebiscitario (concentrando el poder en un ejecutivo fuerte).
  5. La Carta francesa de 1814, que buscó legitimar una monarquía limitada constitucionalmente, dividida en algunas de sus atribuciones tradicionales (infografía).
  6. La Carta belga de 1831, que reconcilió el principio monárquico con la soberanía popular.
  7. Las constituciones rusas “Soviets” de 1918-1924, que rompieron con la tradición constitucional europea y atribuyeron a los “Soviets” (Consejos de trabajadores y campesinos) un papel decisivo en el proceso de poder.

Al estudiar éstos y otros documentos constitucionales, Lowenstain deduce que la dinámica de la historia constitucional supone una serie de sincretismos. Parece lógico si consideramos que, desde el punto de vista del Derecho Constitucional, toda Constitución queda circunscrita a la oposición entre necesidades sociales y aspiraciones indivuales, es decir, al antagonismo entre el poder de una autoridad y la demanda básica de libertades sociales.

De cualquier forma, todo documento constitucional presenta algunos rasgos en común. Tres tópicos integran, a grandes rasgos, el contenido de las normas constitucionales: Territorio, población y organización del poder.

6. Clasificación de las constituciones

Como ley fundamental de los Estados, toda Constitución guarda ciertas características y peculiaridades. No obstante, para su estudio con respecto del Derecho Constitucional se les agrupa de diversas formas. Una de ellas es la siguiente:

  1. Por su nacimiento en otorgadas, impuestas y pactadas (a mi juicio todas son impuestas).
  2. Por sus procedimientos de reforma en flexibles y rígidas (de acuerdo al nivel de requisitos necesarios para reformarla).
  3. Por su forma jurídica en codificadas y dispersas (si las normas constitucionales se encuentran en un sólo documento o en varios).

Otro criterio, que va más allá del sentido formal de una constitución, es el propuesto por Karl Lowenstein. Según él, las constituciones pueden agruparse conforme a los siguientes criterios:

  1. Por familias constitucionales, en originarias y derivadas (conforme a la influencia de unas sobre otras).
  2. Por su contenido ideológico o programático (dogmáticas o utilitarias).
  3. Por su forma de gobierno (democrático, autocrático, federalista, etc.)
  4. Por su carácter ontológico (observable con respecto de su realidad sociopolítica, e identificable como normativa, nominal o semántica).

La primera clasificación se da con respecto al documento constitucional. De ahí lo rescatable sería el procedimiento de reforma constitucional, que obviamente rebasa los criterios de la clasificación tradicional.

Con respecto a la propuesta de clasificación de Lowenstein, cabe señalar que trasciende el ámbito puramente nominal de la clasificación tradicional, aunque añade una nueva dimensión de complejidad al asunto. El punto de las familias constitucionales es historia. Lo de su contenido ideológico o pragmático es de carácter técnico y filosófico. Sin embargo el último punto, el carácter ontológico de una Constitución, alcanza y sobra para un estudio sociológico.

Lo de constituciones de carácter normativo corresponde, en palabras de Lowenstein, a “lo que los detentadores y los destinatarios del poder hacen de ella en la práctica”. En este caso, si la Constitución cumple con su propósito – regular el proceso político –, y en qué medida.

Una constitución de carácter nominal, por otro lado, carece de realidad existencial pese a su vigencia, es decir, la situación impide la observancia de la ley, que en la práctica son ignoradas dentro de la dinámica de la vida política.

Y aquellas constituciones de carácter semántico, conforme a lo señalado por Lowenstein, no son sino un disfraz a la medida de los detentadores fácticos del poder, que escapan de la norma jurídica e influyen en el proceso político (elecciones, juicios, legislación, etc.).

Bibliografía:

Lowenstain, Karl. Teoría de la Constitución. Editorial Ariel, Barcelona.

Luis Humberto Delgadillo y Manuel Lucero Espinoza. Introducción al Derecho Positivo mexicano. Limusa-Noriega Editores, México.

Lassale, Ferdinand, ¿Qué es una Constitución?, Editorial Colofón S.A. México.

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