Arturo Acosta Chaparro, contacto de Calderón con el Narco

Ocupado como siempre en tantas cosas que podría haber hecho antes, esta ocasión me limitaré a dejar colgado por aquí un reportaje publicado en la revista Proceso el 5 de diciembre de 2010, en su número 1779 (disponible aquí mismo). Por muchas razones me parece un trabajo inquietante, pero ya habrá tiempo otro día para platicarles al respecto. Saludos y felices fiestas.

El emisario

Reportaje de Jorge Carrasco Araizaga

Hombre clave de los gobiernos priistas para aplastar las insurrecciones armadas en los sesenta y los setenta, el general Arturo Acosta Chaparro se hizo un lugar en el gobierno de Felipe Calderón gracias al secretario de la Defensa, Guillermo Galván: le tocó ser emisario federal para negociar con los líderes de las mayores organizaciones del narcotráfico en el país, incluido El Chapo Guzmán. Nueva información entregada a Proceso permite identificar al “General X”, al que se refiere Anabel Hernández en su libro Los señores del narco, cuyo adelanto fue publicado en el número 1778 de la revista.

Rebasado por las disputas entre los cárteles del narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón los buscó para pedirles que disminuyeran la violencia; su emisario fue el general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, en su condición de asesor del gobierno calderonista en materia de inteligencia.

Entre 2008 y 2009, el militar experto en operaciones encubiertas se reunió con los jefes de La Familia Michoacana, Los Zetas, la organización de los Beltrán Leyva, el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa.

Esos movimientos fueron detectados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos en México. Incluso, las autoridades de ese país tienen un video de la reunión del emisario del gobierno de Calderón en Matamoros, Tamaulipas, con el jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca.

Acosta Chaparro, de 68 años y quien actualmente convalece de una agresión armada que sufrió cuando comenzaba a investigar el secuestro del panista Diego Fernández de Cevallos, se reunió con los principales líderes de esas organizaciones, incluido Joaquín El Chapo Guzmán.

De esas misiones tuvo conocimiento el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, su compañero de generación en el Colegio Militar. El retorno de Acosta Chaparro en el sexenio de Calderón ocurrió luego de que fuera exonerado de los cargos de narcotráfico y crímenes de lesa humanidad, que según las acusaciones cometió durante la llamada guerra sucia en los años sesenta y setenta.

Detalles de los encuentros de Acosta Chaparro entregados a Proceso confirmaron lo publicado por esta revista en su edición 1768, en septiembre pasado, sobre la negociación que el general retirado sostuvo con Jesús Méndez Vargas, El Chango o El Chamula, y Nazario Moreno, El Pastor, El Chayo o El Más Loco, dos de los jefes de La Familia Michoacana.

En esa reunión participaron, asimismo, el entonces fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Cabrera Gutiérrez, y un colaborador del general en retiro identificado como “Estrella”.

Después del encuentro le fueron entregados a la PGR los tres supuestos responsables de haber lanzado dos granadas contra la multitud reunida en el centro histórico de Morelia para festejar el Grito de Independencia, la noche del 15 de septiembre de 2008.

Acosta Chaparro se reportó con el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. “Señor, objetivo cumplido”, le dijo cuando ya tenía en el avión a los tres supuestos responsables, quienes fueron torturados para inculparse. De la intervención del militar retirado tuvo conocimiento también la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales.

Después de esa entrega, el general Galván le preguntó a Acosta Chaparro sobre la recompensa de 10 millones de pesos ofrecida por la PGR para quien diera información que llevara a la captura de los responsables del que fue el primer atentado contra la población civil relacionado con el narcotráfico. “No me dieron ni las gracias”, contestó Acosta Chaparro al general secretario.

La segunda encomienda del general en retiro fue poco después, a principios de octubre del mismo 2008. Debía buscar a Los Zetas, cuando el grupo fundado por desertores de élite del Ejército aún era el brazo armado del cártel del Golfo. Antes de hablar con el jefe de Los Zetas, El Lazca, el general Galván le dijo a Acosta Chaparro: “Me ordenaron que no me mueva porque tú ya estás operando”.

Acosta Chaparro se reunió en Matamoros no sólo con El Lazca, sino también con Miguel Ángel Treviño Morales, El Z 40. Para el día de la reunión, los jefes de la organización delictiva le pidieron a Acosta Chaparro una tregua del gobierno federal.

Según la información entregada a Proceso, la guardia del Lazca está integrada por capitanes desertores del Ejército. Cuando vieron a Acosta Chaparro se le cuadraron.

En ese encuentro, Lazcano le preguntó de parte de quién iba. “Mira, te viene a ver un general del Ejército. No puede venir de parte de nadie más que del presidente”, dijeron los informantes, según el video obtenido por la inteligencia estadunidense y en el que, dicen las fuentes, “con tomas desde arriba se ve cómo el general retirado habla con autoridad y El Lazca actúa como subordinado”.

Acosta Chaparro les pidió a Los Zetas que bajaran la violencia, pararan las decapitaciones y dejaran de exhibir los cuerpos mutilados. “El presidente no puede hablar de paz social mientras haya decapitados y ese tipo de violencia”, refieren que dijo el militar retirado. La aceptación se condicionó a que el gobierno federal no actuara contra los familiares de los miembros de la organización delictiva.

A principios del siguiente año hubo una segunda reunión con el liderazgo de Los Zetas. En ese encuentro hablaron sobre el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, perpetrado en Cancún el 3 de febrero de 2009. “¿Por qué lo mataron?”, preguntó el general retirado. El Lazca llamó al jefe de Los Zetas en Cancún, quien según las fuentes dijo: “Porque el general no cumplió”.

De acuerdo con ese testimonio, Acosta Chaparro cuestionó: ¿Y por qué se hacen llamar Zetas? Porque después de la Z no hay más, respondió El Lazca, quien añadió que en ese momento esa organización, junto con el cártel del Golfo, controlaba 22 estados.

Según esa información, fue el propio Lazca quien puso en contacto al general en retiro con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. El encuentro ocurrió meses después en un lugar ubicado entre Cuernavaca y Acapulco, y a él acudieron también Édgar Valdez Villarreal, La Barbie; Mario Pineda Villa, El Borrado, y Jesús Nava Romero, El Rojo.

El relato entregado a este medio señala que La Barbie quiso intervenir, pero se lo impidió Acosta Chaparro. La petición del enviado del gobierno fue la misma: que le bajaran a la violencia, sobre todo en Morelos y Guerrero, estados que entonces controlaba su organización.

En diciembre del mismo año Arturo Beltrán Leyva fue ejecutado por infantes de Marina en el domicilio donde se ocultaba, a unas cuadras de la XXIV Zona Militar, en Morelos. Junto con El Barbas, en ese operativo fue asesinado su lugarteniente, El Rojo.

El siguiente encuentro de Acosta Chaparro fue con Vicente Carrillo, jefe del cártel del Juárez, y líderes de La Línea, el grupo armado de esa organización delictiva, a la que El Chapo Guzmán le disputa el control de Ciudad Juárez.

Cuando Acosta Chaparro pasó siete años de cárcel (de 2000 a 2007), fue bajo el cargo de participar en el narcotráfico, precisamente con el cártel de Juárez, cuando lo encabezaba Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.

La última gestión del general retirado fue con El Chapo Guzmán, el jefe más conocido del cártel de Sinaloa. Cuando lo iba a ver, el titular de la Defensa Nacional le dijo: “Te van a poner un GPS” (un chip localizador). “No, Memo –le contestó Acosta Chaparro–, yo soy negociador, no traidor”. Con ese dispositivo, dicen las fuentes, Galván quería ubicar a El Chapo.

En el encuentro con Guzmán Loera, como fue reseñado por la periodista Anabel Hernández en su libro Los señores del narco (Proceso 1778), El Chapo le contó al general en retiro cómo recibió ayuda para fugarse del penal de Puente Grande, en Jalisco.

Además, “en tono de queja”, dice el relato, El Chapo le dijo al militar “que el propio Juan Camilo Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la Segob (el actual senador Ulises Ramírez Núñez) les vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares”, a pesar de que la entidad ya había sido comprometida con El Chapo, según ese relato.

“Recontratado”

Acosta Chaparro no se conformó con la condecoración de general en retiro que recibió en abril de 2008, luego de que fuera exonerado de los graves cargos de narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Desde marzo de ese año, un mes después de su retiro, emprendió una contraofensiva judicial contra el Ejército y, como en los otros juicios, los tribunales lo favorecieron.

A principios de octubre de 2007, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal le concedió un amparo en contra del procedimiento de su retiro.

Acosta Chaparro le reclamó a la Sedena la restitución de los haberes retenidos durante los casi siete años que estuvo preso, acusado de proteger al cártel de Juárez. Pero al tiempo que litigó contra la Sedena, se convirtió en asesor del general Galván en la Sección Segunda del Ejército, es decir, en el área encargada de la inteligencia militar.

Los movimientos legales que hizo Acosta Chaparro contra el Ejército fueron de conformidad con Galván. Compañeros de la generación 1959-1962 del Colegio Militar, hicieron carreras paralelas, Galván en el arma de artillería y Acosta en infantería.

Acosta Chaparro fue acusado de la desaparición forzada de 143 personas en la guerra sucia en Guerrero durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (Proceso 1282 y 1356). Además de tortura, se le acusó de haber participado en “los vuelos de la muerte”, que consistían en arrojar al mar desde aeronaves a campesinos acusados de formar parte de la guerrilla.

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), disuelta a finales del sexenio de Vicente Fox con el aval de Calderón y encabezada entonces por Ignacio Carrillo Prieto, abrió una averiguación previa contra el militar por su presunta responsabilidad en esas desapariciones, pero declinó a favor del fuero militar. Los tribunales castrenses absolvieron al acusado.

Acosta Chaparro todavía operó oficialmente en el sexenio de Carlos Salinas, cuando fue integrado a la efímera coordinación de Seguridad Nacional, al mando de Arsenio Farell Cubillas, ya fallecido.

En el sexenio de Ernesto Zedillo, se le vinculó con la matanza de 17 campesinos, el 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, donde décadas antes fue jefe policial del gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, secuestrado por la guerrilla de Lucio Cabañas en 1974.

La carrera de Acosta Chaparro como militar experto en antisubversión –que plasmó sus conocimientos en la publicación conocida como el libro negro de la guerrilla en el país, Movimiento subversivo en México– se interrumpió cuando fue encarcelado en el 2000, acusado de narcotráfico.

El 30 de agosto de ese año fue detenido junto con el general Francisco Quirós Hermosillo y enjuiciado por un Consejo de Guerra, bajo el cargo de tener vínculos con El Señor de los Cielos.

Ambos oficiales fueron sentenciados a 30 años de prisión y luego de una apelación obtuvieron una reducción de 15 años a su condena. Quirós Hermosillo murió en noviembre de 2006 sin que se terminara el proceso penal, por lo que técnicamente no quedó firme la acusación en su contra.

Acosta Chaparro purgó poco menos de la mitad de la sentencia. Seis años y 10 meses después de su reclusión, el 29 de junio de 2007, abandonó su celda del Campo Militar Número 1 gracias a un amparo definitivo que le concedió la justicia federal.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó que ni la PGR, a cargo entonces del general Rafael Macedo de la Concha, ni la Procuraduría de Justicia Militar le probaron el delito contra la salud “en su modalidad de colaboración de cualquier manera al fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos (cocaína y mariguana)”. Tampoco los delitos de cohecho y asociación delictuosa.

El Consejo de Guerra había fallado en su contra como responsable de esos cargos. Además de la prisión, lo había condenado “a la pérdida de derechos adquiridos en virtud del tiempo de servicios prestados” a las Fuerzas Armadas, así como a la inhabilitación para usar el uniforme y condecoraciones. Cuando salió de la prisión militar vestía su uniforme de general brigadier y sus condecoraciones.

La cercanía de Acosta Chaparro con Galván implicó su reivindicación pública y la recuperación de su grado. El 23 de abril de 2008, en el Campo Militar Número 1, donde pasó casi siete años en prisión, la Sedena organizó una ceremonia privada para enaltecer la labor de 23 oficiales y condecorarlos por su condición de retiro.  De ellos, 13 fueron generales que sirvieron más de 45 años en el Ejército; en esa lista destacó Acosta Chaparro.

En un comunicado relacionado con la ceremonia, la Sedena se refirió a los homenajeados como “un selecto grupo de generales que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.

Galván no sólo lo enalteció públicamente, sino que lo colocó en la lista de “héroes” del Ejército. El exintegrante de la Brigada Blanca –grupo paramilitar que se dedicó hace tres décadas a exterminar a la guerrilla– obtuvo así del gobierno de Calderón su reivindicación institucional y política.

Después de su exoneración, fue pasado a retiro al cumplir 65 años, la edad límite establecida en la legislación militar. Inconforme, Acosta Chaparro interpuso un juicio de amparo para impugnar ese procedimiento de la Sedena. Su argumento fue que antes de su alta en situación de retiro, ya que fue absuelto, la Sedena lo debió reinstalar como subdirector de la Dirección General del Servicio Militar, cargo que ocupaba al momento de su detención. El procedimiento seguido por la Sedena, alegó, fue equivalente al de despido injustificado.

Su propósito era recuperar el total de los haberes que se le retuvieron mientras estuvo preso. Y aunque la Sedena “se inconformó” contra su asesor, la justicia federal le dio la razón.

Oficialmente, para la Sedena Acosta Chaparro es un general retirado y nada tiene que ver con los asuntos de inteligencia militar en el sexenio de Calderón. En la práctica no ha sido así; por décadas tuvo acceso a información proveniente de la Sección Segunda del Estado Mayor de la secretaría y nunca dejó de tener contactos con el aparato político, incluidos los que en su momento fueron opositores, como Diego Fernández de Cevallos, quien fue secuestrado el pasado 15 de mayo.

Fue la familia del panista quien lo buscó para que investigara el plagio. Su experiencia en contrainsurgencia lo llevó a concentrarse en un posible secuestro por parte de la guerrilla. Tres días después de la desaparición del político, Acosta fue atacado con arma de fuego en la Ciudad de México. Su convalecencia duró casi medio año. Desde hace unas semanas está de regreso en su oficina de consultor privado en seguridad.

Fuente:  Revista Proceso 1779

** Actualización

El viernes 21 de Abril de 2012, el Gral. Arturo Acosta Chaparro fue asesinado en la Ciudad de México. Dejo por aquí el enlace a la nota de Filiberto Cruz y Andrés Becerril en Excelsior. Y aprovecho para reproducir parte de un texto publicado por Alejandro Jiménez en su blog  “De Armas tomar“.

Acosta Chaparro: genocida

Acosta Chaparro ocupa un lugar de privilegio en la lista negra de represores de la llamada guerra sucia de las décadas de los 70 y 80. Pieza clave de la lucha anti guerrillas y contrainsurgente, su fama es equiparable en saña y crueldad a la de Miguel Nazar Haro o Florentino Ventura; esto relatado por algunas de sus víctimas que lograron sobrevivir a sus torturas.
Acosta representa lo peor del Ejército mexicano: prepotencia, desprecio por las leyes, mano dura por sobre los derechos humanos. Ligó su destino al de la familia Figueroa en 1974, tras investigar el secuestro de Rubén padre, entonces gobernador electo de Guerrero, a manos del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas.
Corren historias como que los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que utilizaba Acosta para tirar guerrilleros al mar, también los usaba para pasar droga a Laredo; y que por propia mano torturó y mató a más de 200 guerrilleros y campesinos.
Sin embargo, aunque fue acusado múltiples veces por genocidio y crímenes de lesa humanidad, visitó la cárcel por otro motivo: su presunta colaboración en el tráfico de drogas.

Acosta Chaparro fue procesado en agosto del año 2000 de presuntos vínculos con el cártel de Juárez que lideró Amado Carrillo. Este juicio se llevó también por el delito de peculado y operaciones con recursos de precedencia ilícita. El 1 de noviembre de 2002, Acosta fue sentenciado a 15 y 16 años y medio de prisión por sus supuestos nexos y protección al cártel de Juárez.

Sin embargo, súbitamente, y como para demostrar que la ley le hace los mandados, en el año 2007 las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia Militar (PJM) no acreditaron los presuntos nexos de Acosta Chaparro con el narcotráfico. Tras la declaración de inocencia del citado general y la que le otorgó un tribunal federal, concluyó uno de los casos más relevantes de presunta relación de militares con narcotraficantes.

Decíamos que sí fue acusado formalmente por la desaparición y asesinato de guerrilleros durante la llamada ”guerra sucia” de las décadas de 1970 y 1980. Pese a que fueron presentados cargos en su contra, nunca fue detenido por esos señalamientos luego de que un juez determinó que no tenía responsabilidad. Por el contrario, se le devolvieron los grados militares que se le habían quitado por su sentencia, y se le nombró militar ejemplar y patriota. Surrealismo puro.

Enemigo de las entrevistas de prensa, se sabe que se escuda en el mismo discurso de Nazar Haro de que al combatir a los guerrilleros contribuyó a la paz social y a incrementar las libertades de este país, evitándole ser un ariete más del comunismo internacional. De hecho, en 1990 él generó un reporte confidencial de inteligencia sobre el estado de la guerrilla en México, que es un listado de los grupos armados existentes, según él, en ese momento, con largas listas de nombres y actividades subversivas. Pretendía justificar así ante el gobierno federal la necesidad de mantener presupuesto para la encubierta lucha contrainsurgente.

El problema del reporte es que traía mal muchos nombres de grupos y personas –muchas de ellas incluso amnistiadas desde 1978- y que además sustentaba sus argumentos en una gran conspiración comunista con sede en la Unión Soviética… pero cuando el Muro de Berlín ya había caído y Gorbachev no tenía ánimos para andar financiando guerrillas en México.

El Estado mexicano ha demostrado no tener la voluntad política para actuar en serio, por lo que ha de actuarse en consecuencia y perseverar tenazmente en el intento de llevar a juicio a este hombre ante los más altos tribunales internacionales, para que tenga, en pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, ejemplar castigo por sus crímenes.

Fuente: De Armas Tomar

Anuncios

Ejercicio de análisis político: Seguridad en México

Hola. En esta ocasión traigo para ustedes un breve ejercicio de análisis político,  a propósito de la discusión sobre la seguridad y el narcotráfico en México. Pienso trabajar el tema de modo más exhaustivo con el tiempo. Hasta entonces, Saludos…

Seguridad en México

La seguridad de los Estados es un asunto complejo. Comienza con la definición de objetivos nacionales. Luego pasa por la identificación de amenazas externas o internas. A ello le sigue el diseño de medidas preventivas, el fomento de ciertas actividades, la creación de instituciones, políticas públicas, reglamentaciones, etc. Pero todo lo anterior relacionado con un modelo de desarrollo previamente discutido y consensuado, a saber.

Por eso causa tantos problemas el hablar de seguridad en México; hay que tener alguna idea de los objetivos de cada administración. En el caso concreto de Felipe Calderón, hay toda una contradicción de principios entre lo que propuso en su campaña (empleo, seguridad social), y lo que muchos consideran los mayores logros o aciertos de su gobierno, aunque sólo sean aparentes: detenciones de capos del crimen organizado y copiosos decomisos de armamento, dinero y narcóticos. Podría decirse entonces que las viejas amenazas de invasiones militares han cedido su lugar al fantasma del enemigo interno, caracterizado en estos tiempos por el terrorismo y la delincuencia organizada.

Dicho paradigma ha sido promovido por los Estados Unidos desde 2001, como parte de su estrategia global de defensa contra el terrorismo. A grandes rasgos, se trata de la protección y la promoción de sus intereses geopolíticos, ya sea obteniendo el consentimiento de los países aliados a su guerra contra el terrorismo o a su guerra contra las drogas, o a través de la intervención militar de aquellos territorios donde supuestamente se apoya el terrorismo o el narcotráfico.

Según Luis Astorga, coordinador de la cátedra UNESCO “Transformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas”, la referida guerra contra las drogas fue concebida en sus inicios como una estrategia de Estados Unidos para contrarrestar brotes de insurgencia revolucionaria en el tercer mundo, especialmente en Latinoamérica. Luego, al trasladar su responsabilidad a los países productores, los Estados Unidos propiciaron en ellos un entorno de guerra permanente o de baja intensidad que han sabido aprovechar para vincularse con sus fuerzas armadas, adiestrando a sus milicias y suministrándoles equipo y armamento. En palabras de Astorga, “no se ha ganado ninguna guerra desde entonces, pero ésta se ha hecho permanente, y ha contribuido a hacer más dependientes de Estados Unidos a los países involucrados” (Seguridad, Traficantes y Militares).

La guerra de México contra el narcotráfico

Desde el inicio de su gobierno, el presidente Calderón señaló que el narcotráfico se había convertido en la principal amenaza del Estado mexicano. Habló de combatir la inseguridad pública, de recuperar espacios públicos, de acabar con los cárteles de la droga y de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, así como el Estado de derecho. Envió al Congreso una serie de propuestas legislativas en la materia. Y días más tarde, su administración comenzó a implementar los llamados Operativos Conjuntos entre fuerzas militares y policíacas por varias entidades del país.

Los estados donde los Operativos Conjuntos fueron más publicitados fueron Michoacán (que se extendió a Guerrero), Baja California (Plan Tijuana), Sinaloa (extendido a Durango), Tamaulipas y Nuevo León. Un año después se instrumentó el Operativo Conjunto Chihuahua. En todos los casos, la percepción de inseguridad ocasionada por el aumento en el número (y espectacularidad) de homicidios violentos, motivó el envío de tropas militares, supuestamente para terminar con plantíos ilícitos y efectuar decomisos, cateos y órdenes de aprehensión. Pero de acuerdo con el análisis de Eduardo Guerrero Gutiérrez, investigador del ITAM, la erradicación de cultivos de entonces a 2009 simplemente disminuyó, al igual que el número de decomisos de narcóticos; lo que subió en cambio fue el número de detenciones y de decomisos de armas y vehículos (Nexos, Agosto 2010)

Para Edgardo Buscaglia, especialista en temas de seguridad, el número de armas, vehículos, dinero y drogas decomisadas no parecen significativo, ya que no merma la capacidad operativa de los grupos de la delincuencia organizada. A su modo de ver, la estrategia de México contra el crimen es “una vacilada“, pues las autoridades mexicanas han dado un sesgo a la solución del problema porque el cartel de Sinaloa, el que mantiene el control de más de 40 organizaciones criminales al rededor del mundo, es el que menos bajas ha tenido.

El sesgo que registra Buscaglia puede interpretarse como un error en la estrategia, o como una omisión deliberada. Si fuera lo último, sería comprensible, ya que el tráfico de drogas estuvo supeditado desde sus inicios en México al poder político. Podría decirse entonces que mientras la violencia se mantenga en niveles mínimos o tolerables para la población, el gobierno mexicano probablemente seguirá permitiendo la continuidad del negocio del narcotráfico, cuyas ganancias se estiman en unos 49 mil 342 millones de dólares anuales, cerca del 5% del PIB. Pero la constante disputa por territorios de cultivo y por rutas de trasiego hace difícil este escenario.

Como bien apunta Astorga, el viejo régimen se manejaba con la idea de que el gobierno mexicano era capaz de controlar el fenómeno del narcotráfico sin necesidad de medidas de excepción. No era tan grave el problema en términos de gobernabilidad. Sin embargo, una vez que se fragmentó la estructura que hacía posible ese control, el poder político ya no tuvo la misma capacidad para operar como árbitro en el campo del tráfico de drogas. Los grupos de narcotraficantes adquirieron mayor autonomía, incursionaron en otras actividades delictivas, se expandieron y se multiplicaron, y ahora es muy difícil someterlos (El expansivo poder del narco).

Según un estudio de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores, en estos momentos el 71% del territorio nacional está bajo control del narcotráfico (Proceso 1773). En más de mil 500 de los 2mil 441 municipios del país, los grupos del narcotráfico ejercen una fuerte influencia, mientras que en 195 ya puede decirse que poseen el control total. La mayoría de éstos municipios son municipios indígenas. No obstante, la Secretaría de Gobernación sólo reconoce haber perdido el control sobre 400 ayuntamientos.

Como muchas de las organizaciones delictivas mexicanas también tienen presencia en otros países, preocupa bastante que el conflicto se internacionalice hasta devenir en el clamor generalizado de acciones inmediatas, ya sea mediante una posible intervención militar bajo el argumento del combate al narcoterrorismo, o bien por medio de la sustitución de la autoridad civil por la militar, lo que conocemos como militarización. De momento la constante sigue siendo la militarización del país, quizá para beneplácito de los Estados Unidos, que continuan adiestrando a las tropas mexicanas, suministrándoles equipo y brindándoles asesoría y ayuda. Porque sólo de este modo quieren afrontar el problema de las drogas, con medidas policiales y estrategias de simulación.

Enlaces recomendados:

Católicos buscan evangelizar a la milicia

Militarización y dogmatismo

Entre los muchos escenarios posibles para México, hay uno que resulta particularmente peligroso: la militarización del país, por medio de la lucha simulada contra los fantasmas del narcotráfico y el terrorismo. A decir de Luis Astorga, investigador del IIS-UNAM, dicha estrategia fue pensada por losestadounidenses como método de intervención estatal (trasladando su responsabilidad a los países productores de narcóticos, a quienes insta a obedecer sus recomendaciones como parte de sus relaciones internacionales), y como una forma de prevenir focos futuros de insurgencia (¿revolucionaria?), descalificándolos de antemano como grupos narcoinsurgentes (ello a partir de la promoción de su liderazgo y de nuestra sumisión, pero además preparando a nuestras fuerzas armadas en el despliege de tácticas de contrainsurgencia y guerrilla urbana).

Previendo esta situación, y atendiendo al incremento de la presencia de los militares en asuntos civiles (que en los hechos ha rebasado ya el ámbito de la cooperación con autoridades civiles para imponerse a ellas en varios municipios del país), la iglesia católica de México se propuso nuevamente ingresar a los cuarteles del Ejército mexicano, territorio que históricamente le ha sido vedado, para implementar su plan de evangelización de la milicia mexicana a través de “Capellanías militares” donde los sacerdotes ofrezcan una pastoral (doctrina de sumisión) dirigida especialmente a soldados y oficiales. :eek:

Imagen

El plan ya está en marcha

Leonardo Rojas Pérez, secretario de la Dimensión Pastoral y Fuerzas Armadas de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), declaró en Julio de 2008 que el plan de las capellanías militares fue concebido desde el 2000, tras la llegada del PAN a la presidencia. Entonces buscaban la apertura de las capellanías militares lo más cerca posible de los cuarteles, e incluso al interior de las unidades habitacionales del Ejército, como han pretendido hacerlo en los estados de Sonora, Baja California y Yucatán. Actualmente existe una capilla frente al edificio de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Ciudad de México (construida en 1989, luego de la visita de Juan Pablo II a México), y otra en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, atendida por clérigos especializados en adoctrinar militares.

Aunque existe desacuerdo sobre la legalidad de establecer capellanías dentro de unidades habitacionales del Ejército, el especialista en religión, Elio Masferrer, dijo en esa misma ocasión que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) debería pedir permiso a Gobernación para instalar ésas capillas en las unidades de la milicia, y que el Gobierno debería darle igualdad de oportunidad a otros credos.

Nota El imparcial: Iglesia (católica) busca darle atención a militares

Cabe recordar que en agosto de 2009, la esposa del general Guillermo Galván Galván, Secretario de Defensa, encabezó un inusitado acto artístico-religioso en la basílica de Guadalupe: la apertura de Bajo el manto de la virgen, una exposición de pinturas guadalupanas realizadas por cónyuges de altos funcionarios de la dependencia.

Nota Proceso: Las guadalupanas de la Sedena

Derecho a la espiritualidad, justificación

Una primera justificación para el acercamiento de los jerarcas católicos al ejército, a decir de los primeros, es la de coadyuvar en la inculcación de valores cristianos humanistas a los militares para que no caigan en la corrupción o el crimen organizado, además de para que respeten también los derechos humanos. Se valen para ello de una argucia muy interesante, y a mi juicio tramposa: el derecho a la espiritualidad de nuestras fuerzas castrences.

Aunado al problema de que se les niegue su derecho a la espiritualidad a los militares, los jerarcas católicos también están pensando en las nuevas amenazas que suponen para ellos diversas tendencias religiosas contemporáneas. Incluso aseguran haber detectado una campaña de ateismo, que afirma que el hombre no necesita a Dios, y la “invasión” de filosofías orientales y grupos religiosos de carácter esotérico, así como un retorno a las religiones naturales (¿?). Además de que están presentes todavía la santería y el espiritismo.

En entrevista con MILENIO, el obispo Fabio Suescún, responsable de la Pastoral Castrense del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), explicó que desde hace 32 años se busca evangelizar a los militares de la región. Por las tentaciones que sufren en el cumplimiento de su deber, “necesitan ayuda espiritual”, sentenció.

Nota Milenio: Buscan evangelizar a militares mexicanos

Pero dichas capellanías, a decir de Julia Klug, reconocida activista anticlerical, existen en otras naciones latinoamericanas como Colombia, Ecuador, El Salvador y Argentina, y suelen apoyar a los gobiernos derechistas, fomentando la obediencia castrense y limpiando la conciencia de los soldados que cometen crímenes y abusos. Muchos de ésos Estados trata actualmente de librarse de ellas por lo mismo.

Nota Kaos en la Red: Protestan en catedral contra capellanías militares

Datos de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad

1. Introducción.

Desde el inicio de su gobierno, Felipe Calderón señaló que el narcotráfico se había convertido en la principal amenaza del Estado mexicano. Habló de guerra, y comenzó a implementar entonces una serie de operativos militares y policiacos por varias entidades del país (comenzando por Michoacán), supuestamente con la idea de acabar con los distintos grupos del crimen organizado que además de producir y traficar narcóticos, también se dedican a otras 22 actividades delictivas tales como el secuestro o la trata, por mencionar algunos ejemplos.

En un desplegado publicado el 13 de junio de 2010, la presidencia modificó su discurso para hablar ya no de una guerra contra el narcotráfico, sino de una Lucha por la Seguridad Pública. Justificó la continuidad de su estrategia represiva y de ocupación con la premisa de que los cárteles mexicanos del narcotráfico estaban creciendo y confrontándose entre sí. Pero cambió su discurso luego de que diversas organizaciones académicas y de la sociedad civil le increparan, en diversos foros y reuniones, que el combate efectivo de la inseguridad requería una visión integral que atendiera otros problemas como la corrupción policiaca, la impunidad en la procuración y administración de justicia, la sobrepoblación del sistema penitenciario y el fracaso de la readaptación social, además de la creciente desigualdad económica y el arribo de fenómenos de descomposición social, a saber.

Una de esas organizaciones civiles es el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), que desde 2002 viene realizando una Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) como complemento a la información generada por las propias autoridades. Algunos de los datos más valiosos que ha aportado esta encuesta son el número estimado de delitos cometidos y que no se denuncian (cifra negra), y un índice general de percepción sobre la inseguridad en México.

Pero han causado tanta polémica estos datos, que el Gobierno Federal decidió excluir a las organizaciones civiles y hacer su propia encuesta oficial, supuestamente ante el temor de que las cifras de la encuesta fueran manipuladas. Por esta razón ahora tenemos dos encuestas con resultados de 2008: la oficial realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicada el 24 de septiembre de 2010 (disponible aquí); y la original del ICESI, que fue dada a conocer a principios de octubre (ENSI-6, versión pdf). Veamos las cifras.

2. Cifra negra y medición de la inseguridad.

Según el ICESI, en promedio desde 2004 sólo 2 de cada 10 delitos cometidos se denuncian, esto debido a la pérdida de tiempo que supone la denuncia, y también por desconfianza en la autoridad (local y federal). Si tomamos en cuenta que en 2008 sólo se denunciaron 1 millón 841 mil 80 delitos (donde 6 de cada 7 fueron robos), bien podríamos hablar de poco más de 9 millones de delitos cometidos. ¡Y esta cifra es altísima!…

En España por ejemplo, uno de los países más seguros de Europa, durante el mismo periodo se denunciaron 5 de cada 10 delitos cometidos, y además se resolvieron el 40%, según la encuesta de victimización de 2008 del Observatorio Andaluz de la Delincuencia. Pero para que la comparación sea aún más significativa, veamos otros indicadores y lo que nos dicen sobre nuestro sistema penal y sobre los resultados de las políticas recientes en materia de seguridad.

  • Tasa de Prevalencia (victimización).  Es el número de víctimas de algún delito por cada 100 mil habitantes, sin tomar en cuenta la cifra negra. Según la ENSI-6, para México en 2008 la cifra fue de 7.5% (promedio nacional), aunque en la Ciudad de México llegó hasta 14%, mientras que en el Estado de México, Sonora y Aguascalientes la cifra fue de 10%. Baja California, Chihuahua y Coahulia obtuvieron además más de 9.5%.
  • Tasa de Incidencia (por tipos de delitos). Es el indicador que se utiliza para estimar el número (y tipo) de delitos cometidos y denunciados por cada 100 mil habitantes en un periodo determinado. El ICESI calculó un promedio nacional de 12%, aunque de nueva cuenta hubo entidades que rebasaron este promedio y por mucho: Ciudad de México, 22.8%; Sonora, 20.4%; Coahuila, Aguascalientes y Baja California, 15.9%; y el Estado de México, 15.6%.

Como sólo una pequeña parte de todos los delitos que suponemos que se comenten se denuncian (y ni hablar de si se resuelven), en realidad estas cifras no me parecen del todo confiables, aunque bueno… son instrumentos valiosos para conocer al menos una porción de la realidad sobre la inseguridad en México. La encuesta oficial no se molesta siquiera en proporcionarnos estos indicadores, además.

Para la ENSI-6, en promedio 85% de los mexicanos que fueron víctimas de algún delito no lo denunciaron. Y entre quienes sí lo hicieron, un 33% reportó que nada pasó, en tanto que otro 23% dijo que su denuncia sigue en trámite. Sin embargo, parece que hay un repunte con respecto al año pasado en la propención a denunciar. Algunas entidades donde dicha propención fue menor son las siguientes:

  1. Guanajuato – 91% de los delitos no se denuncian
  2. Jalisco y Guerrero – 90% de los delitos no se denuncian
  3. Distrito Federal y Tlaxcala – 88% de los delitos no se denuncian
  4. Oaxaca – 87% de los delitos no se denuncian
  5. San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo – 86% de los delitos no se denuncian

También según la ENSI-6 las entidades donde se percibe mayor inseguridad son: Distrito Federal (85%); Chihuahua (83%); Estado de México y Baja California (76%); Durango (75%); Aguascalientes (74%); Michoacán y Guerrero (71%). La media nacional se situó en 65%. La mitad de los encuestados admitió que su vida se vio afectada por la delincuencia (de tal forma que puso barrotes en sus ventanas, instaló alarmas,  o tomó alguna otra previsión respecto a su seguridad).

Aquellos estados donde se registró un incremento estadístico significativo fueron Chihuahua, Durango, Morelos, Puebla, Guanajuato y Coahuila. Las cifras son similares a las que maneja la asociación México Unido Contra la Delincuencia. Y concuerdan también con otro estudio del ICESI, que ubica al Distrito Federal, Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez como las ciudades más inseguras del país (disponible aquí). Aunque esta comparación no alcanzó a registrar el incremento en la inseguridad que ahora se vive en Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del mundo.

3. Homicidios, secuestros y violencia, al alza.

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), México solía ser el país con el mayor índice de robo con violencia en todo el mundo , con una tasa de 3% frente a un promedio internacional de 0.9%, según la última Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización (nota de El Universal). No pude confirmar si todavía lo sigue siendo, aunque probablemente sea así.

En cualquier caso, cifras de la propia Presidencia de la República incluidas en el 4º Informe de Gobierno – y publicadas por Milenio Diario -, muestran que este año el secuestro se incrementó 15.6%, los homicidios 11.5% y el robo 4.7%. El crimen organizado continúa expandiéndose en sus actividades delictivas. Y además, se registró un alza de 11.6 por ciento en delitos cometidos por servidores públicos, así como un aumento de 29.6 por ciento en delitos fiscales. Vayamos por partes.

Aquellas entidades en donde más secuestros han ocurrido desde 2006 son Chihuahua, Baja California, Estado de México, Distrito Federal y Michoacán. El incremento en la incidencia de éste delito corresponde sin duda con el aumento de la inseguridad a causa de la “guerra” contra el narcotráfico. Una hipótesis muy interesante es que el crimen organizado utiliza el secuestro como fuente alternativa de financiamiento, principalmente en el norte del país, debido a que el trasiego de droga le es cada vez menos redituable.

  • Homicidios (dolosos). En un comparativo oficial con más de 150 países, México ostentaba en 2008 el puesto número 28, con una tasa de 11.6 homicidios por cada 100 mil habitantes (disponible aquí). Para el ICESI la cifra fue de 11.8, un número ligeramente mayor. Según este indicador, nuestro país es uno de los más violentos en el mundo.

Ahora bien, al observar este dato en cada entidad federativa, salta a la vista que al menos seis Estados de la república sobrepasan la media nacional e internacional. Los número son alarmantes, pues reflejan un nivel de violencia similar al que ostentan otros países en guerra. Son los números que nos hablan de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón.

  1. Sinaloa: 47.7 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes
  2. Chihuahua: 42.1 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes
  3. Guerrero: 30.2 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes
  4. Durango: 27.8 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes
  5. Baja California: 27.7homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes
  6. Oaxaca: 20.6 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes

Además, preocupa bastante el incremento paulatino en el número de homicidios cometidos entre menores de edad. Según una nota de la BBC, en los últimos cinco años unos 900 menores de edad han muerto en enfrentamientos entre carteles de narcotráfico y en combates con soldados y policías, principalmente en Chihuahua, Baja California,  Sinaloa, Durango, Distrito Federal, Nayarit y Oaxaca.

A %d blogueros les gusta esto: