Gerencia pública, una aproximación al tema

Hola. Lo que sigue es un breve ensayo sobre la gerencia pública. Nada exhaustivo realmente, tan sólo una primera aproximación al tema. Sin embargo me parece que entramos por buen camino y que lo dicho se sostiene. Ya lo iremos ampliando con el tiempo si hace falta.

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Gerencia Pública, una aproximación al tema

Ricardo Uvalle nos presenta la práctica de la gerencia pública, como parte de una tendencia general en favor del mercado, que se esparció de los llamados países “desarrollados” hacia el resto del mundo en la década de los setenta. La idea de fondo, como comenta el propio Uvalle, era reformar al Estado para insertarse en la dinámica de la competencia económica, la cual desde su perspectiva (al menos en esta la lectura) se basa en crear incrementos en la eficiencia y en la productividad económica; dos cualidades “consustanciales” al libre mercado, a decir del autor.

Los hechos siempre han demostrado que el libre mercado, además de ineficiente, atenta contra la vida y la dignidad de las personas (las clases trabajadoras), en aras de la productividad. Por eso luego de siglos de luchas sociales y debates enconados, llegamos al siglo XX con la idea de un Estado (liberal-capitalista) obligado a proteger ciertos derechos individuales, que incluso trascendieron el ámbito laboral. Pero no sólo eso. Después de los años de las guerras entre imperios, en la primera mitad del siglo XX, los países capitalistas adoptaron (en su mayoría), en términos generales, toda una serie de políticas económicas que incluían: 1) el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica para poder comerciar internacionalmente; 2) el suministro progresivo por parte del Estado, de una gran variedad de bienes y servicios (públicos) que el sector privado se negaba o no era capaz de proporcionar; y 3) el fomento del empleo para estimular la demanda que hiciera crecer a la economía.1

Por al menos dos décadas, muchas naciones adoptaron las políticas de este consenso beneficiándose de las asimetrías económicas entre naciones. Del lado de los países considerados “desarrollados”, las políticas generaron crecimiento económico, ahorro y bienestar (entendido como la satisfacción de necesidades básicas acompañada de seguridad social). Pero del lado de los países mal llamados “en desarrollo”, la carencia de tecnología, mano de obra calificada, y sobre todo de capitales, devino en políticas de crecimiento “hacia adentro” fuertemente protegidas, poco competitivas a nivel internacional, y fundamentalmente dependientes de capitales extranjeros. Tal era la esencia del modelo de desarrollo vigente. Por eso en la década de los años setenta, el escenario entre los Estados liberales y capitalistas era de acumulación por un lado, y de deuda por otro.2

Con el alza de los precios del petróleo en los años setenta, empresas, mercados e industrias entraron en crisis, en casi todo el mundo. Para recuperar los niveles de producción y acumulación acostumbrados, había que reducir los costes. Por ello cobraron enorme relevancia las tesis y los teóricos de la economía neoclásica, que pugnaban por aumentos de la productividad y la eficiencia, pero también por la reducción de impuestos y la eliminación de regulaciones y trabas burocráticas.

Acompañando a la crisis económica en América Latina, se sucedió una segunda oleada de movimientos sociales (reivindicatorios) y revolucionarios, tanto reformistas como marxistas (incluyendo movimientos armados, algunos presuntamente financiados por países comunistas). Como hablamos de un periodo marcado por la guerra fría, es lógico pensar, como apuntan muchos relatos, que los estados alineados con los imperios capitalistas respondieran cancelando las vías de la representación política, descalificando las protestas, violentando los movimientos e incurriendo en la confrontación armada. Y para conservar su legitimidad, esos mismos gobiernos se volvieron (¿más?) populistas: adoptaron discursos de unificación nacional, por encima de toda división de clases, al tiempo en que financiaron grandes campañas asistenciales en los rincones más pobres y marginados de sus países.3

Es en este contexto en donde se construye (y se difunde) la idea de un Estado mínimo, en oposición a los Estados que tenían gran presencia en la economía, y contra los regímenes populistas sumamente cuestionados, endeudados, y poco exitosos en sus campañas contra la marginación y la pobreza. Retomando a Uvalle, cuando estos modelos caracterizados por una elevada inflación, deudas públicas exorbitantes, formas de representación corporativa y escasa legitimidad entran en crisis, no sólo se cuestionan los métodos de intervención del Estado (en la económica y en la vida social), sino los fundamentos de dicha intervención (cuestionando su pertinencia y su legitimidad). Entonces aparece o cobra sentido la idea del “despertar de la sociedad civil”, que alude a una sociedad con plenas capacidades para auto-organizarse, completamente al margen de las instituciones públicas (tanto en lo político como en lo económico); y aparece o cobra sentido la idea del “pluralismo democrático”, que sobrepone las diferencias o conflictos entre “grupos” a lo que antes se entendía como intereses y conflictos de clase. En este sentido, destacan las luchas por los “derechos humanos”, pero también el deseo de una interlocución directa de “los grupos” con el gobierno, con quienes toman las decisiones clave, sin pasar por intermediarios ni mediaciones burocráticas. Además, se apela a la interpretación de los problemas sociales como conflictos entre particulares, en un intento por desmarcarse de visiones ideológicas como la lucha de clases del marxismo, pues como Uvalle suscribe, se interpreta que estas “lastiman la condición humana”, entendida en términos liberales (libertades y derechos individuales).

La gerencia pública, parafraseando a Ricardo Uvalle, queda entonces como una práctica profesional militante que busca reformar al Estado, para adaptarlo a su visión ideológica mercantilista y pluralista. Términos como racionalizar, mejorar la eficiencia y la productividad, negociar y crear consensos (“democráticos”), se vuelven parte de su filosofía para el rediseño de las instituciones, a fin de lograr los objetivos de competitividad económica y mayor cooperación social.

En este mismo orden de ideas, se asume que es mejor “buscar problemas” en lugar de esperar a que estos “lleguen” a la “ventanilla” de la burocracia (aunque construir un problema desde la burocracia es un problema); se da mayor relevancia a las estrategias de acción política ante lo contingente (en el corto plazo), desdeñando así los planes generales o de largo aliento que marcaron al modelo anterior (proyectos para el largo plazo inspirados en la planificación económica de los países comunistas); y se procura la generación de un conocimiento especializado sobre los procesos de las políticas públicas, así como de sus resultados. A esto le denomina Uvalle “mejoramiento de las capacidades gerenciales del Estado”.

A decir de Omar Guerrero, hay un claro distanciamiento entre los presupuestos más básicos de la economía política “tradicional” (la de mediados del siglo XX), y los presupuestos de la economía neoclásica. Ello deviene en una apreciación de la sociedad contemporánea en términos pluralistas y mercantilistas. Por tal motivo, si el Estado debe dar paso a una sociedad de este tipo, entonces es lógico que transfiera al ámbito privado aquellas de sus actividades relacionadas con la producción (“exoprivatización”), así como buena parte de sus actividades administrativas (“endoprivatización”), para crear un mercado de prestadores privados de bienes y servicios públicos, al igual que un mercado de “maquiladores” privados de insumos y productos públicos, todo con tal de alentar el surgimiento de mercados competitivos de empresas que generen riqueza, puestos de trabajo, innovaciones, etc.4

Uno de los rasgos más sintomáticos del capitalismo, tal como lo entiendo ahora, es que precisa de nuevos mercados para continuar reproduciéndose. De otro modo se estanca en alguna de sus recurrentes crisis. Es por este motivo que la desregulación y la privatización cobran sentido en la historia. Lo mismo la gerencia pública. Otros conceptos que lo denotan, siguiendo a Omar Guerrero, son por ejemplo:

  1. El mercado, entendido como el modo más eficiente para satisfacer necesidades y asignar recursos de todo tipo (presupuesto que como dijimos, es absolutamente falso);
  2. La competencia, que presuntamente genera diversos impactos positivos como innovaciones tecnológicas, aumentos de la productividad, reducción de costes, etc. (nada que no hayan generado también visionarios, sólo por el gusto de crear algo propio u original);
  3. La orientación al cliente, o al votante o pagador de impuestos, cuyas expectativas se supone que hay que satisfacer (en clara alusión a la idea del consumidor soberano tomada de Ludwing von Mises);
  4. El enfoque empresarial-gerencial, o public managment, que aduce que para generar resultados no sólo se requiere autoridad, sino también liderazgo, visión empresarial, relaciones públicas, y cierto grado de discrecionalidad;
  5. La orientación hacia objetivos, porque se necesitan metas claras que mejoren la productividad, a partir de la estandarización de procesos (fordismo), y la medición del rendimiento de los funcionarios (taylorismo); y
  6. La agenciación, que se toma como la desagregación o la desincorporación del burócrata de la administración central (autonomía institucional), para que sea capaz de regular imparcialmente un mercado (aunque la tendencia apunte hacia la captura de la agencia reguladora por parte de los agentes “regulados”).

Las políticas que emanaron del cuerpo de estas teorías, impuestas en los países “desarrollados” por la vía de la demagogia, y en el “tercer mundo” como condición para seguir recibiendo capitales extranjeros, hoy se contemplan como una mezcla de claroscuros. Sin embargo, para autores como Joseph Stiglitz, las políticas del llamado “Consenso de Washington” (que aquí se nos impusieron como condición para recibir préstamos por parte del Departamento del Tesoro de los Estado Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional), además de generar un crecimiento muy menor, dejaron expuestos a nuestros países a la volatilidad de los mercados internacionales de capitales, presente desde los noventa (volatilidad que hoy amenaza a todo el sistema capitalista en su conjunto). Por esta clase de fallos, se argumentó que hacía falta implementar políticas adicionales, “estructurales” o de “segunda generación”. Sin embargo, en palabras de Stiglitz, esas “soluciones” suponen la continuación de la misma mentalidad que les dio origen; esa que considera al Estado como el problema, y al mercado como la solución.5

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1  Galbraith, John Kennet. “La embestida conservadora”, en Revista Mexicana de la Comunicación, México, Vol. 43, Número extraordinario (1981), pp. 1781-1796.

2  Esthela Gutiérrez Garza y Édgar González Gaudiano. “De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable”, UANL, Siglo XXI, México, 2012.

3  Mario Magallón Anaya. La democracia en América Latina, UNAM, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos (CCyDEL), Plaza y Valdés, México, 2003.

4  Omar Guerrero. “La nueva gerencia pública”, Fontarama, México, 2004, pp. 53-69.

5  Stiglitz, Joseph. El consenso post-consenso de Washington. The Iniciative for Policy Dialogue. Agosto 2005. pp. 10   

Teoría de la Constitución

1. Introducción a la teoría de la Constitución

Muchos discrepan en torno de lo que es o debiera entenderse por Constitución. Al respecto se ha escrito, tal vez, demasiado. Sin embargo, la duda permanece por tratarse de un asunto que compete a todos los pueblos de todos los Estados en todo el mundo. La Constitución es, en sentido estricto, un fenómeno que corresponde al Estado nacional.

Para abordar dicho fenómeno hace falta, primeramente, hablar del proceso histórico del constitucionalismo – es decir, la creencia de que todo sistema político debe antes constituirse y establecer reglas fijas que aseguren su supervivencia por tiempo indefinido.

Esta historia podría comenzar con las sociedades teocráticas, mismas que se sometían a una ley suprema cuya naturaleza atribuían a alguna divinidad. El judaismo, el cristianismo y el islam han sido las religiones que más honda huella ha dejado en el mundo occidental en este sentido, aunque ello no significa que otras culturas no hayan tenido un impacto sustancial en ciertas regiones del planeta.

Después podría hablarse de la democracia griega, sistema que instituye el poder político (de la “polis” o ciudad griega), y que además lo distribuye mediante cargos públicos entre todos sus ciudadanos mediante sorteo.

Luego vendría la república romana, sociedad estatal (multicultural y heterogenea) que admite dentro de su sistema político diversos y complicados dispositivos legales que actuan como frenos y contrapesos del poder político. Además, postula en el derecho romano un mínimo de garantías para con sus ciudadanos.

Y en última instancia, podría discutirse el constitucionalismo europeo moderno, producto de la necesidad de imponer límites al poder despótico del rey, y con ello reconocer el poder de la aristocracia y de la burguesía; o del constitucionalismo moderno también de las colonias americanas que, desde el siglo XVIII, se tranformaron en Estados soberanos.

Dentro de este proceso hay algunas constantes que no pueden soslayarse. En primer lugar, como aduce Ferdinand Lassalle, los problemas del constitucionalismo no competen en su escencia al derecho, sino al poder, de modo que “la verdadera Constitución de un país sólo recide en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen” (¿Qué es una constitución?).

2. Constitución como ejercicio de soberanía

Por cuestiones históricas, la soberanía de los Estados ha sido abordada desde dos puntos de vista: uno de ellos ubica al poder del monarca como origen de la soberanía nacional; el otro traslada dicha soberanía a la voluntad del pueblo.

En ambos casos, para efectos de la teoría de la Constitución, pueblo y monarca se erigen como poder constituyente, mismo que en un acto de autodeterminación elabora por cuenta propia o a través de sus representantes la Constitución. Y esto, en la teoría, es visto como el pleno ejercicio del poder soberano (supremo).

Mediante este acto debe entenderse que el poder soberano – aquel que se encuentra por encima de todos –, se establece, o lo que es lo mismo, se constituye. Por medio de la Constitución, acuerdo tácito entre las máximas fuerzas de poder en una sociedad, se consigna la forma de gobierno que ha sido elegida para sí conforme a sus intereses. Se crean, asimismo, los poderes públicos (poderes constituídos), y se reserva además para los individuos algunos derechos o garantías individuales.

Es así como, a razón de dicha hipótesis, la teoría de la Constitución atribuye al texto constitucional, o al acuerdo tácito meta-constitucional (no escrito), el carácter de poder soberano.

3. Constitucionalismo y poder

Si en la Constitución se hace recidir la soberanía de todos los elementos de un Estado, el poder supremo, en todo caso, recide en la ley. Tal es la consigna del derecho constitucional. Sólo que, en la práctica, y a decir de lo ocurrido en el pasado, no todo sucede conforme a la teoría.

El poder ha sido siempre reacio al acatamiento de toda norma, aún tratándose de aquellas que impone o acuerda deliberadamente. Su fuerza está en el potencial que tiene para atropellar la ley. Su virtud recide en su voluntad para contenerse. Sin embargo, el poder es por naturaleza impetuso. Quienes lo tienen no están dispuestos a dejarlo ir. Quienes lo añoran, por todos los medios tratarán de conseguirlo. El poder es, por lo tanto, motivo y razón de la Constitución.

Como expresión del poder supremo en un Estado nacional, la Constitución tiene a su cargo constituir tal poder, o en otras palabras, reconocerlo, autorizarlo, institucionalizarlo y organizarlo de acuerdo a sus fines. Se crean así los poderes públicos – poderes constituídos –, que abrán de ejercer el poder soberano.

La Constitución procede entonces mediante la institucionalización del poder, es decir, la creación de cargos públicos e instituciones, en vez de depositar el poder en personas. Y añade, también, restricciones legales y mecanismos de control para que el poder trabaje de conformidad con lo que el orden jurídico le autoriza.

4. La división de poderes

Desde el punto de vista de la teoría, todos los poderes públicos encuentran sus fronteras en la Constitución, sólo que, en la práctica, la historia ha demostrado que la concentración del poder en unas cuantas manos siempre sobrepasa el orden constitucional. Ello ha dado pie a que una facultad adicional de la Constitución sea la división del poder público.

Al buscar el hombre político limitaciones al poder absoluto, la división del poder público ha resultado una alternativa efectiva para mantener en equilibrio el poder del Estado sin alterar su funcionamiento. La naturaleza de dicha división, no obstante, está supeditada al devenir histórico de las naciones.

Estas divisiones comprenden tanto divisiones al interior de la sociedad estatal (monarquía, aristocracia, burguesía, etc.), como divisiones dentro del poder público constituido en el Estado, independientemente de la persona que lo ejerce (poder ejecutivo, legislativo y judicial). También la Constitución contempla la división de cargos dentro de diversas intituciones públicas. La idea es crear una suerte de frenos y contrapesos que impidan la concentración del poder.

5. Documentos constitucionales

Al poner por escrito la Constitución, ya fuera por motivos de seguridad o bien sólo por darle claridad al asunto, se crearon documentos constitucionales que no siempre concuerdan con la realidad política al interior de los Estados. No obstante, la forma escrita puede representar por igual la realidad sociopolítica en su origen y, además, construir un contexto de actualidad si se le modifica o se enmienda. En todo caso, la variedad de estos mecanismo se encuentra inmersa dentro de un proceso histórico.

De acuerdo con Karl Lowenstein, dentro de la dinámica de la historia constitucional sólo siete constituciones pueden ser consideradas como tipos originarios. Cada una plantea formas específicas de división del poder público, además de mecanismos legales que hacen las veces de frenos y contrapesos para el ejercicio del poder. “Todas las otras constituciones escritas son más o menos derivadas, en el sentido de que se apropiaron de caracterísiticas de otras formas constitucionales y las adaptarona sus necesidades nacionales”, señaló (Teoría de la Constitución)

Esos siete tipos originarios de Constitución son:

  1. El parlamentarismo británico, que contempla la división entre la monarquía, la aristocracia y el pueblo, y que fomenta su interdependencia por coordinación.
  2. El sistema constitucional americano del presidencialismo (con su división del poder público entre un poder ejecutivo, uno legislativo y uno judicial).
  3. El constitucionalismo francés de 1793, que produjo un tipo de gobierno de asamblea, y que además contenía la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (versión en línea).
  4. Las constituciones napoleónicas, que legalizaron una especia de cesarismo plebiscitario (concentrando el poder en un ejecutivo fuerte).
  5. La Carta francesa de 1814, que buscó legitimar una monarquía limitada constitucionalmente, dividida en algunas de sus atribuciones tradicionales (infografía).
  6. La Carta belga de 1831, que reconcilió el principio monárquico con la soberanía popular.
  7. Las constituciones rusas “Soviets” de 1918-1924, que rompieron con la tradición constitucional europea y atribuyeron a los “Soviets” (Consejos de trabajadores y campesinos) un papel decisivo en el proceso de poder.

Al estudiar éstos y otros documentos constitucionales, Lowenstain deduce que la dinámica de la historia constitucional supone una serie de sincretismos. Parece lógico si consideramos que, desde el punto de vista del Derecho Constitucional, toda Constitución queda circunscrita a la oposición entre necesidades sociales y aspiraciones indivuales, es decir, al antagonismo entre el poder de una autoridad y la demanda básica de libertades sociales.

De cualquier forma, todo documento constitucional presenta algunos rasgos en común. Tres tópicos integran, a grandes rasgos, el contenido de las normas constitucionales: Territorio, población y organización del poder.

6. Clasificación de las constituciones

Como ley fundamental de los Estados, toda Constitución guarda ciertas características y peculiaridades. No obstante, para su estudio con respecto del Derecho Constitucional se les agrupa de diversas formas. Una de ellas es la siguiente:

  1. Por su nacimiento en otorgadas, impuestas y pactadas (a mi juicio todas son impuestas).
  2. Por sus procedimientos de reforma en flexibles y rígidas (de acuerdo al nivel de requisitos necesarios para reformarla).
  3. Por su forma jurídica en codificadas y dispersas (si las normas constitucionales se encuentran en un sólo documento o en varios).

Otro criterio, que va más allá del sentido formal de una constitución, es el propuesto por Karl Lowenstein. Según él, las constituciones pueden agruparse conforme a los siguientes criterios:

  1. Por familias constitucionales, en originarias y derivadas (conforme a la influencia de unas sobre otras).
  2. Por su contenido ideológico o programático (dogmáticas o utilitarias).
  3. Por su forma de gobierno (democrático, autocrático, federalista, etc.)
  4. Por su carácter ontológico (observable con respecto de su realidad sociopolítica, e identificable como normativa, nominal o semántica).

La primera clasificación se da con respecto al documento constitucional. De ahí lo rescatable sería el procedimiento de reforma constitucional, que obviamente rebasa los criterios de la clasificación tradicional.

Con respecto a la propuesta de clasificación de Lowenstein, cabe señalar que trasciende el ámbito puramente nominal de la clasificación tradicional, aunque añade una nueva dimensión de complejidad al asunto. El punto de las familias constitucionales es historia. Lo de su contenido ideológico o pragmático es de carácter técnico y filosófico. Sin embargo el último punto, el carácter ontológico de una Constitución, alcanza y sobra para un estudio sociológico.

Lo de constituciones de carácter normativo corresponde, en palabras de Lowenstein, a “lo que los detentadores y los destinatarios del poder hacen de ella en la práctica”. En este caso, si la Constitución cumple con su propósito – regular el proceso político –, y en qué medida.

Una constitución de carácter nominal, por otro lado, carece de realidad existencial pese a su vigencia, es decir, la situación impide la observancia de la ley, que en la práctica son ignoradas dentro de la dinámica de la vida política.

Y aquellas constituciones de carácter semántico, conforme a lo señalado por Lowenstein, no son sino un disfraz a la medida de los detentadores fácticos del poder, que escapan de la norma jurídica e influyen en el proceso político (elecciones, juicios, legislación, etc.).

Bibliografía:

Lowenstain, Karl. Teoría de la Constitución. Editorial Ariel, Barcelona.

Luis Humberto Delgadillo y Manuel Lucero Espinoza. Introducción al Derecho Positivo mexicano. Limusa-Noriega Editores, México.

Lassale, Ferdinand, ¿Qué es una Constitución?, Editorial Colofón S.A. México.

Política como ciencia y ejercicio del poder

Ha llegado la hora de defender a la política. Tal como dijo Marco Rascón en un excelente editorial de La Jornada, éste es el momento de deslindar a la política de los políticos mediocres que tanto descrédito le dejan. Porque lejos de ser un mal necesario, la política es ante todo un saber práctico, y un valioso instrumento para intervenir y modificar la realidad que nos aqueja. Así de simple, y así de complejo el asunto. Pero vámonos por partes.

1. Los orígenes de la política

Política viene del griego politikós, un adjetivo que vinculaba a las personas con sus ciudades, las polis de la Grecia Antígua. Por aquellos días se pensaba que nadie podía vivir al margen de sus iguales, a menos que fuera una bestia o un dios. De modo que, según Aristóteles, las personas eran por naturaleza animales políticos (zoon politikos); seres sociables no muy distintos a otras especies, pero en todo caso, superiores en algún sentido. Y como animales políticos, los seres humanos poseían una “natural” inclinación o predisposición que los impulsaba a tomar parte en la discusión de los asuntos de la ciudad, en especial de aquellos que refieren al gobierno y sus propósitos.

Al asociar la política con nuestra supuesta condición natural, los griegos marcaron alguna distancia con relación a la creencia poco convincente, pero ampliamente aceptada tanto entonces y ahora, de que un ente divino había establecido de antemano y con plena intencionalidad un orden social tradicional, presuntamente sagrado, y presumiblemente inmutable: el otro gran paradigma del origen del hombre y sus sociedades.

Posteriormente, el equivalente latino de la política griega fue civilis, de donde provino nuestro adjetivo “civil“, que como bien apunta Gabriel Zaid, ha servido para distinguir una nueva realidad por oposición a otra. En éste caso, una ciudadanía con auctoritas o la facultad legítima de emitir opiniones cualificadas, y otra con potestas o la capacidad legal para cumplirlas. De estas dos nociones se desprende posteriormente la idea del poder político.

Aunque los fines de la política responden a las necesidades y las circunstancias del momento (paz en tiempos de guerra; bienestar en tiempos de paz; libertad en tiempos de opresión, etc.), no conviene definir a la política de manera teleológica, es decir, por sus fines. A decir de Norberto Bobbio, quizá sólo sea lícito hablar de un orden como fin mínimo de la política. Y como el monopolio de la fuerza constituye el medio más importante para asegurar dicho orden, la política tal vez sólo pueda definirse como una actividad que directa o indirectamente tiene algo que ver con la organización del poder político, acaso del poder en su sentido más amplio.

2. El poder político

Tener poder significa, en un amplio sentido del término, poseer los medios necesarios tanto para dominar la naturaleza como para dominar al hombre mismo. Medios que, según Norberto Bobbio, han contribuido a articular directa o indirectamente el sistema social al menos en tres ámbitos distintos, a saber: en la organización de las fuerzas productivas (Marx), en la organización o instrumentalización de un consenso (Chomsky), y en la estratificación de la coacción (Weber).

En este sentido, poder económico se entiende como la posesión de ciertos bienes en un entorno de escacez, de tal forma que sea posible inducir o condicionar el comportamiento de quienes no los tienen.

La influencia que puede conseguirse al formular ciertas ideas, y al conseguir expresarlas de tal manera que predispongan una acción concreta, se entiende como poder ideológico. Su fuerza reside en la posesión de conocimientos y en la promoción de proyectos o aspiraciones sociales.

El condicionamiento logrado bajo amenaza de violencia (coacción), o en plejo ejercicio de la misma (coerción), generalmente usando algún instrumento que potencializa la fuerza física (armamento), se conoce en estricto sentido como poder coactivo. Y sólo cuando algún grupo así deja clara su pretención de instituirse como el gran monopolio del poder coactivo en un territorio específico, entonces se le puede considerar con algún grado de poder político. Porque según Maquiavelo, únicamente por la fuerza es posible someter y subordinar a los demás poderes; de ahí su caracter de poder supremo. Y además, soberano, al establecerse como legítimo y al ser reconocido como tal.

Tradicionalmente se ha estudiado el poder político en relación con la cantidad de individuos que presumiblemente detentan algún poder soberano. Pero esta visión del poder centrada en la soberanía contrasta bastante con la propuesta de Michael Foucault, quien ve al poder ya no como una propiedad transferible (e incluso revocable), sino como una relación en la que se impone una disciplina que va más allá de toda regla jurídica, pues no se sustenta en el ejercicio de un cargo público, sino en la creación de un saber que predispone una acción. Foucault reivindica entonces la preeminencia del poder ideológico por sobre el poder político, pero sólo cuando viene acompañado de algún poder disciplinario. Además, cuando dicho poder es utilizado para subyugar al cuerpo, el filósofo lo llama biopoder.

El uso de la fuerza es condición necesaria entonces, más no suficiente, para el ejercicio del poder político. Igual se requiere la “aceptación” y la “confianza” de la gente, porque la consolidación del poder político viene luego con la formación del Estado.

3. Estado como orden mínimo

Para Thomas Hobbes, el paso de un hipotético estado “natural” de anarquía (caos) a lo que hoy conocemos como el Estado moderno (con sus instituciones y sus leyes), se da cuando las personas que para él son como lobos devorándose entre sí, renuncian voluntariamente al derecho de usar su propia fuerza, con la finalidad de crear una entidad lo bastante fuerte (el mítico leviatán) como para obligar a cada miembro de la comunidad a obedecer una serie de reglas de convivencia que permitan a todos vivir con un mínimo de seguridad, tanto para la persona como para su propiedad.

Esta idea se puede complementar con la hipótesis del contrato social expuesta por Rousseau, quien creía que los seres humanos eran esencialmente “buenos”, de tal forma que podían haber acordado de manera racional y en forma libre la constitución de un Estado como lo conocemos hoy, sin coacción ni coerción de por medio.

Ya sea de uno u otro modo, el Estado es la cúspide del poder político; su razón de ser. Weber lo definió como el conjunto de instituciones de caracter político que pretenden u ostentan el monopolio de la fuerza legítima. Del mismo modo, para el sociólogo las autoridades políticas consiguen (por la fuerza) el derecho de usar la violencia para imponer alguna clase de orden.

La justificación última del uso de la violencia para asegurar la permanencia de un orden mínimo, o cuando menos el crecimiento y/o la consolidación de un Estado “fuerte”, se conoce todavía con el nombre de Razón de Estado. Según esta idea de Maquiavelo (devenida en doctrina), se trata de una forma excepcional de proceder, que sólo es válida porque el fin lo justica. De este modo, las decisiones que se instrumenten, aunque puedan tornarse impopulares, serán válidas y legítimas. Y ello incluye por supuesto el uso legítimo de las fuerzas armadas del Estado, tanto militares (ejército) como civiles (policía).

Se ha pensado también en la intervención del Estado en asuntos económicos y sociales, a fin de orientar o disuadir condutas que luego incrementen el poder estatal para imponer algún orden, tanto al interior de su territorio como de frente a otros Estados. Además, devido a que algunas diferencias étnicas y culturales parecían insalvables a finales de la edad media, se optó por la creación de Estados nacionales; entidades políticas responsables de distintas poblaciones con alguna identidad común en un territorio dado, ante las cuales se justificaron como promotoras del interés nacional, definido según diversas consideraciones geopolíticas e ideológicas.

Como consecuencia de estos procesos, surgió un nuevo cuerpo profesional de administradores públicos, también llamados burocracia. El Estado incremetó entonces su tamaño y su presencia en la sociedad. Pero tal expansión, y su progresiva intervención en cada aspecto de la vida de las personas (de tal forma que ninguna actividad humana le fuera indiferente al Estado), es lo que hace pensar a Hobbs en un monstruo mítico y terrible, nacido del poder político: el Leviatán.

En un hipotético escenario de concentración del poder político, ideológico y económico, habría un entorno de paulatina penalización y criminalización de la conducta humana, y para evitar la llegada de un poder absoluto, Hobbs sugería defender la existencia de una pluralidad de centros de poder económico, así como la libertad de disentir. Su crítica no difiere demasiado de la crítica contemporánea del totalitarismo, entra la cual destaca la propuesta por Hannah Arent. Pero Hobbs no nos advierte únicamente del Leviatán; también señala que en su ausencia, la ausencia de normas, puede presentarse otro terrible mal emanado de la concentración del poder económico: el Behemoth, caracterizado el caos.

Este nuevo monstruo mítico, a mi modo de ver, es lo que Marx identifica con el nombre de capitalismo: un orden social donde la propiedad y la división del trabajo devienen en poder y subordinación. Ahí, para Marx, el Estado es en esencia una dictadura, un instrumento jurídico-político utilizado por una clase propietaria para ejercer algún dominio sobre otra clase, la de los proletarios, gracias a la organización sistemática de la fuerza para la defensa de sus intereses.

4. Ética política

Mientras que la ciencia política clásica se ha dedicado a estudiar la estructura de la ciudad, el Estado y el sistema de relaciones internacionales, la filosofía política de nuestro tiempo ha buscado, por un lado, delimitar las fronteras de lo político, y por otro lado, resolver varias preguntas que la ética sigue planteándose desde sus primeros días con relación a la eterna pregunta de cómo vivir y convivir.

Para empezar, ¿es posible un orden sin violencia? Quizá de algún modo, en circunstancias diferentes, pero no probablemente en una situación como la actual. Igual se cuestiona si merece la pena la libertad de disentir o comerciar, la igualdad radical de derechos políticos, la pertienencia u obligatoriedad de derechos sociales, etc. Todas estas cuestiones parecen resueltas, pero lo cierto es que vuelven debido a consideraciones de la política, que de una u otra manera responde a las necesidades del momento. Y muchas veces irrumpen de forma tan violenta que nos hacen pensar y preguntarnos qué sucede, por qué parece que nada se resuelve sin violencia.

Yo al menos soy de la idea de que la política en realidad tiene todo que ver con nuestra concepción de la justicia, y con el hecho incontrovertible de que somos demasiados. Pienso que al menos por humanidad a todos nos correspondería no ponernos del lado de los verdugos; al menos éso sería si quisiéramos y pudiéramos hacer lo correcto.

Bibliografía: Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino. Diccionario de Política, Siglo XXI. Versión en línea: Google libros.

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